CONFLICTO LINGÜÍSTICO

Catedráticos de Derecho obligan a la Universidad de Valencia a dirigirse a ellos también en castellano

A instancia de los docentes, un juzgado anula la norma que imponía el valenciano en las comunicaciones internas

Fachada de la Facultad de Derecho rotulada en valenciano

Fachada de la Facultad de Derecho rotulada en valenciano

Redacción COPE Valencia

Valencia - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha anulado parte del Reglamento de Usos Lingüísticos de la Universitat de València, que posibilitaba que cualquier comunicación interna dirigida a su personal se redactara únicamente en valenciano, incluso cuando el interesado reclamaba que fuera en castellano.

La sentencia responde a un recurso presentado por un grupo de 6 catedráticos del Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política que iniciaron la vía del contencioso por considerar que se lesionaban sus derechos.

El inicio del contencioso si sitúa en junio del 2023. El Consejo de Gobierno de la Universitat acordó modificar el reglamento interno para intruducir el artículo ahora anulado por los tribunales: «Teniendo en cuenta el deber estatutario de conocer la lengua propia de la Universitat, se redactarán en valenciano todas las comunicaciones y la documentación que se dirija exclusivamente al personal (docente e investigador, de administración y servicios, investigador en formación y cualquier otro contratado) sin perjuicio de los derechos lingüísticos reconocidos en la legislación vigente».

Es decir, bajo el pretexto de que los trabajadores de la institución académica tienen el deber de conocer el valenciano, se incidía en que había que utilizar una única lengua en cualquier documento destinado al uso exclusivo de los trabajadores.

Los docentes entendieron que tras esa modificación había «una voluntad de excluir el uso normal del castellano en la documentación interna de la Universitat» y que se impedía «ejercer su derecho de opción lingüística». Así que se fueron a los tribunales que ahora les han dado la razón.

En su demanda aportaron dos escritos que acreditan que habían solicitado expresamente una documentación también castellano y, sin embargo, se les negaba.

El fallo, contra el que cabe recurso, también condena a la institución al pago de las costas.

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