Detenidos los responsables de la funeraria Montesinos por la venta de cadáveres

Los investigadores de la denominada 'operación Thanathos' han arrestado a los responsables de la funeraria Montesinos de Valencia, el gerente y el administrador, y a dos trabajadores de la misma por, presuntamente, formar parte de la trama criminal de venta de cadáveres a universidades en Valencia.

Falsificaban documentación para poder retirar los cuerpos de hospitales y residencias para venderlos posteriormente a universidades para su estudio por 1.200 euros cada cadáver. Llegaron a facturar 5.040 euros a una universidad por realizar 11 incineraciones de cuerpos, una vez estudiados, las cuales no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que operan en la ciudad.

Hasta el momento, como cuenta el jefe de Interior de COPE en 'Mediodía COPE' "hay cuatro detenidos, todos pertenecientes a la funeraria Montesinos, ubicada en el barrio de Benimaclet. Son dos directivos y dos trabajadores, todos ellos españoles y uno con antecedentes".

1.200 euros por cada cadáver

Como recuerda Baño, en España no se puede cobrar a la Ciencia ni por un cuerpo ni por un órgano. Así lo ratifica José Cabrera, médico forense y psiquiatra, que cree que la empresa funeraria utilizará los cobros de "depósito, de transporte, de manipulación para evitar el delito de falsedad documental y estafa":

La investigación comenzó a principios del 2023 tras tener conocimiento los agentes que se habría retirado el cadáver de un fallecido de la morgue de un hospital de manera irregular por parte de una funeraria, para lo que se habrían realizado falsificaciones en el libro registro del mismo, así como también en la documentación facilitada al Registro Civil.

Tras numerosas pesquisas, los investigadores comprobaron como dos trabajadores de una funeraria, tras falsificar documentos, se habrían apoderado de un cuerpo que se encontraba en la morgue del hospital y lo habrían trasladado a una universidad para su estudio en vez de haberle dado sepultura. El fallecido debería de haber sido enterrado en su localidad de residencia en un sepelio de beneficencia abonado por el ayuntamiento de dicha localidad valenciana; sin embargo, fue vendido para su estudio por casi 1.200 euros, sin que ningún familiar o amigo hubiera dado consentimiento.

Buscaban fallecidos sin familiares, preferiblemente extranjeros

Continuando con la investigación, los agentes localizaron otro caso con el mismo modus operandi, esta vez el difunto se encontraba ingresado en una residencia geriátrica y al parecer, habría sido el propio hombre, tres días antes de fallecer quien habría supuestamente autorizado la donación de su cuerpo.

En este caso, los investigadores pudieron constatar que el hombre poco antes de fallecer tenía menoscabadas sus capacidades mentales ya que sufría un deterioro cognitivo severo, lo que no le hubiera permitido entender lo que suponía la donación. Además dicha donación fue firmada para que el cadáver fuera remitido a una determinada facultad de medicina, siendo finalmente llevado a otra, la cual pagaba más dinero por el mismo, para ello, consiguieron mediante engaño que personal sanitario firmara el cambio de destino del cuerpo.

Los investigados buscaban fallecidos que no tuvieran familiares, preferiblemente extranjeros o que en vida hubieran tenido condiciones de vida precarias para realizar las irregularidades, ya que así se aseguraban que no se hiciera ningún seguimiento sobre dichas donaciones por parte de algún familiar, buscando así una mayor impunidad.

Realizaban una sola incineración y facturaban varias

Por otro lado, y continuando con las pesquisas, los agentes averiguaron que también se habrían producido irregularidades en las incineraciones de los cuerpos que habían sido supuestamente donados a la ciencia. Al parecer, una vez las universidades hubieran finalizado los estudios con los mismos, estas tenían que costear las incineraciones, haciéndose cargo de ellas la misma funeraria.

Tras varias gestiones, los agentes averiguaron que la empresa funeraria habría facturado a una universidad 5.040 euros por 11 incineraciones, las cuales no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que operan en Valencia.

Parece ser que los investigados aprovechaban la disección y desmembramiento de los cuerpos para introducirlos en los féretros de otros difuntos, realizando en una sola incineración la cremación de varios

Tanto la Universitat de Valencia, como la Universidad Católica de Valencia y la Universidad Cardenal Herrera CEU, aseguran que no están involucradas en este caso de venta de cadáveres. Explican que sólo trabajan con donaciones altruistas a través de protocolos seguros para docencia e investigación.