La Fundació Protegir VLC reivindica la nueva ordenanza de convivencia y civismo para hacer frente al odio

La Fundació Protegir VLC, de la Policia Local de València, ha reivindicado la nueva ordenanza de convivencia y civismo para hacer frente al repunte de delitos de odio que ha denunciado la Fiscalía Provincial de Delitos de Odio. La nueva normativa prevé sanciones que pueden alcanzar hasta los 3000 euros ante comportamientos racistas u homófobos, “y está concebida en gran parte para proteger a la ciudadanía ante cualquier situación que menoscabe y atente contra la dignidad de las personas”, tal como ha indicado el concejal de Protección Ciudadana y presidente de esta fundación, Aarón Cano, tras haberse reunido con la fiscal delegada de delitos de odio de la Fiscalía Provincial de València, Susana Gisbert, y representantes de diferentes entidades como Movimiento contra la Intolerancia, Fundación Secretariado Gitano, y la asociación Rumiñahui.

Aarón Cano ha recordado algunos de los temas abordados en esta reunión como “las dificultades que tienen las víctimas de delitos de odio para determinadas situaciones, el acoso vecinal hacia colectivos migrantes, el creciente racismo que han observado determinadas entidades en menores de edad así como el rechazo a la comunidad rusa o las dificultades para perseguir delitos de odio en nuevas redes sociales”. “También se han tratado las consecuencias de la pandemia y la crisis económica en los delitos de odio y se han planteado líneas de actuación en las que trabajará la fundación de la Policía Local”, ha detallado el edil.

En palabras de la directora de otra fundación, la del Secretariado Gitano, la pedagoga Lola Fernández, “durante los últimos años se ha producido un aumento importante de la discriminación, y la pandemia se ha cebado con comunidades vulnerables. Por ejemplo, se ha acusado a la comunidad gitana de rechazar e incumplir la normativa sanitaria para protegernos del Covid”. Al hablar de este “trato diario discriminatorio”, Lola Fernández ha asegurado “haberlo detectado en el acceso a establecimientos, a bienes y servicios con prácticas como una hipervigilancia en centros comerciales, centros de salud o supermercados que encima tenemos como muy asumidas, por todo del odio vertido en redes sociales”.

Esta preocupación, compartida con la fiscal delegada en delitos de odio, Susana Gisbert y el resto de entidades reunida como la asociación Rumiñahui, que ha confirmado “el aumento de estos delitos, así como la impunidad que han detectado en determinadas redes sociales que están incitando al odio y a la violencia con codificaciones que dificultan a la policía la persecución de esos delitos”, tal como ha afirmado Martín Adriansen, como portavoz de esta asociación, que también ha denunciado “un incremento del discurso del odio entre los niños que nos está preocupando especialmente, las escuelas tampoco saben cómo enfrentarse a ese discurso de odio”.

La responsable de los servicios jurídicos de esta entidad, Denise Carmen Atzeni, ha subrayado “el racismo y el discurso de odio en el mercado laboral sobre todo de personas que trabajan en el hogar, con trabajos poco especializados, personas que están en una situación administrativa irregular, y la discriminación que sufren en muchas ocasiones para acceder a una vivienda”.

Por su parte, el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, ha aprovechado esta reunión “para reivindicar el valor de la denuncia para iniciar la protección de la víctima y perseguir a los responsables del delito”. “Es necesario que nos concienciemos sobre la importancia de denunciar y acabar con la impunidad de ciertos comportamientos y discursos que alimentan el odio, la discriminación e incitan a la violencia. Necesitamos a toda la sociedad porque todos y todas podemos denunciar actitudes y comportamientos. Mañana podemos ser nosotros, nuestros hijos e hijas” ha añadido el responsable del área de Protección Ciudadana que ha reivindicado la nueva ordenanza de Convivencia y Civismo que se someterá a aprobación próximamente en el Ayuntamiento de València y que contempla sanciones que oscilan entre los 750 y los 3.000 euros para los delitos de odio.

“Cuando elaboramos la ordenanza, una de nuestras prioridades, fue dotar a la Policía de un instrumento con el que pudiera sancionar comportamientos inaceptables que se producen en nuestras calles” ha comentado el concejal tras resaltar que “es una ordenanza pensada para proteger lo más importante que tiene un ser humano, su dignidad, nuestros derechos fundamentales”.

“Recuerdo los insultos y las vejaciones que sufrió una menor en la pista de patinaje de la plaza del Ayuntamiento” ha rememorado el concejal. “No he olvidado aquello, desde que se produjo quise que la nueva ordenanza profundizara en los delitos de odio y en cualquier situación que pudiese atentar contra la dignidad de la ciudadanía, València es una ciudad tolerante y acogedora y por eso hemos querido dotarla de un instrumento que pueda ayudar a la policía a abordar situaciones como esta” señala el concejal de Protección Ciudadana.

En este sentido, la fiscal delegada de delitos de odio de la Audiencia Provincial, Susana Gisbert ha coincidido con el concejal “en la utilidad que puede tener esta nueva normativa municipal tras constatar también el aumento de delitos de odio durante los tres últimos años”. “Hemos constatado un aumento que empezó después de la pandemia por razones obvias, cada vez notamos más incidencia de los delitos de odio, suponemos que por el aumento de hechos pero queremos suponer que también por el aumento de denuncias, de confianza de la sociedad y la verdad es que lo que sí que notamos es que determinados colectivos están siendo víctimas constantes o al menos denunciantes constantes como ocurre con el colectivo LGTBi donde además dicen que no es la primera vez que les pasa pero sí la primera vez que denuncian” ha manifestado Gisbert.

Desde Movimiento contra la Intolerancia también han constatado el aumento. “Estamos viendo una ampliación de los comportamientos que promueven el rechazo y el odio hacia las personas diferentes, hacia los colectivos más vulnerables. Se han ampliado los hechos e incidentes en diferentes tramos de edad, con realidades sociales diferente, hay una práctica generalización al amparo de determinados discursos, lo constatamos en el crecimiento del acoso vecinal hacia personas migrantes no ya por parte de grupos de extrema derecha y neonazis, sino que a pie de calle se va sedimentando la situación que nos puede traer más problemas aunque estén aumentando las denuncias” ha advertido su coordinador, Ángel Galan. La reunión ha servido también para abordar diferentes actuaciones formativas y pedagógicas sobre delitos de odio que la Fundació Protegir VLC pretende impulsar en los próximos meses.