Intervienen 2,7 toneladas de almejas en mal estado y detienen a quiénes las transportaban en Cáceres

La Guardia Civil ha detenido a dos ciudadanos portugueses como supuestos autores de sendos delitos de falsedad documental y contra la salud pública a los que sorprendieron transportando 2.700 kilogramos de almeja japónica con documentación falsa relativa a su transporte, sin acreditar la trazabilidad de la mercancía y en aparente mal estado de conservación.

Los hecho se produjeron el pasado 14 de junio, cuando agentes de la Guardia Civil de Alcuéscar (Cáceres) se encontraban prestando servicio de seguridad ciudadana en el denominando “Cruce de la Herrerías”, de las carreteras N-630 y EX-382, en el término municipal de esta localidad.

Durante el servicio, los agentes sorprendieron a dos hombres de nacionalidad portuguesa que se encontraban haciendo transbordo de numerosos sacos de moluscos (almejas) de una furgoneta a otra, observando que una de ellas tenía rotas las cubiertas de dos de sus ruedas. Al acercarse a los vehículos y comprobar la mercancía, los agentes observaron que no disponía de ningún tipo de etiquetado no pudiendo, por tanto, comprobar ni el origen ni el destino del producto.

Solicitada la documentación relativa al transporte de las almejas, los ciudadanos portugueses presentaron, únicamente, una supuesta guía de transporte de 1.500 kilogramos de almeja japonesa, pero que carecía de sello o firma de organismo o Autoridad Sanitaria. Además, los agentes observaron que el producto pudiera no estar en buen estado dado que, al parecer, la furgoneta llevaba averiada varias horas en el lugar esperando a que otro vehículo acudiera desde Portugal para realizar el transbordo de las almejas.

Ante el elevado número de irregularidades observadas, la imposibilidad de averiguar la procedencia de la mercancía y su aparente mal estado, con el consiguiente riesgo que su eventual consumo pudiera suponer para la salud pública, los agentes contactaron con los servicios veterinarios de la Junta de Extremadura personándose en el lugar un facultativo quien, a la vista de la mercancía y de los documentos aportados, determinó que las condiciones de refrigeración no habían sido las adecuadas siendo además imposible conocer el origen de captura de los moluscos, su destino o cualquier otro dato acerca de los mismos, por lo que debía procederse a su inmediata destrucción por el riesgo que suponían para la salud pública.

La Guardia Civil procedió así a realizar el pesaje de los sacos de almejas, comprobando que transportaban 150 sacos de malla, que arrojaron un peso total de 2.700 kilogramos, lo que evidenciaba otra irregularidad más en el transporte ya que superaba en 1.200 kilogramos el peso indicado en el documento que habían presentado.

La ausencia de sellos y firmas de Autoridades Sanitarias portuguesas en los documentos presentados, que amparasen el legal transporte de la mercancía, unido al resto de pruebas obtenidas, determinó la supuesta falsedad de los documentos con el claro objetivo de dar una apariencia de legalidad al transporte realizado.

Finalmente, la Guardia Civil procedió a la detención de los dos hombres como supuestos autores de sendos delitos de falsedad documental y contra la salud pública siendo puestos, tras la instrucción de las diligencias policiales, a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Cáceres, procediéndose a la destrucción de los moluscos intervenidos, dejando a disposición judicial distintas muestras para su posterior análisis sanitario.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Es una constante el contrabando y tráfico de este tipo de moluscos (Almeja Japónica), procedente del marisqueo furtivo en la costa lusa, para introducirlos posteriormente en la cadena de alimentación y comercialización española, sin ningún tipo de control ni garantías de consumo habiéndose realizado, hasta el momento, numerosas operaciones por la Guardia Civil, en coordinación con organismos portugueses como la Autoridad portuguesa para la Seguridad Alimentaria y Económica (ASAE), en contra de este tipo de prácticas que suponen un claro riesgo para la salud pública, concluye la Guardia Civil en una nota de prensa.