Los familiares de fallecidos en La Asistida se querellarán contra el consejero de Sanidad José María Vergeles

Los familiares de los fallecidos en la residencia de mayores El Cuartillo de Cáceres, conocida como la Asistida, siguen organizándose para presentar una querella por la via penal de forma conjunta contra la Dirección del centro, contra el Servicio Público de Atención a la Dependencia (SEPAD) como organismo que administra este centro público y contra el consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles por la gestión que se ha realizado en este centro de mayores de la capital cacereña durante la crisis sanitaria del COVID-19 y para dilucidar si se ha producido “algún tipo de negligencia”.

Así lo ha anunciado este viernes en declaraciones a la Cadena COPE Marco Antonio Tobías, del despacho Pita Broncano Abogados de Cáceres, que va a representar a “una parte de los afectados, aunque cada vez son más los que se están adhiriendo a esta causa” siguendo así la estela de la Fiscalía, que también ha llevado hasta los tribunales lo que está pasando en esta residencia de la capital cacereña que acumula 74 fallecidos según las cifras oficiales que publica el Servicio Extremeño de Salud.

Marco Antonio Tobías ha señalado, en la primera entrevista que concede a un medio de comunicación para hablar de este asunto, que se trata de una querella “por la via penal” porque consideran que “puede haber algún tipo de negligencia ya que sabemos que hay residencias de mayores que no han tenido ningún contagio”.

"Familiares han comentado que la Dirección de la residencia aconsejó, por no decir prohibió, a los trabajadores llevar mascarillas para no generar una alarma”

“Los usuarios de estos centros de la tercera edad merecen el 100 por 100 de la protección, es la obligación del SEPAD en este caso. Estamos ante una eventualidad (el coronavirus) en principio imprevisible, pero una vez que en diciembre del año pasado se registran casos y a finales de enero se declaró la emergencia sanitaria internacional la Administración tenía la obligación de proteger a nuestros mayores”, explica el abogado.

De hecho, hay familiares que han comentado que “la Dirección de la residencia aconsejó, por no decir prohibió, a los trabajadores llevar mascarillas para no generar una alarma”.

POR LA VÍA PENAL

Los familiares de los fallecidos en la Asistida van a seguir por lo tanto el camino abierto por la Fiscalía y por el Juzgado de Instrucción por la vía penal ya que consideran “que es la vía más rápida para conseguir todo tipo de información y de documentación” ante las posibles negligencias que hayan podido suceder durante todo este tiempo.

"Hay familias que aún no tienen el certificado de defunción de sus seres queridos. Hay indefensión por parte de los familiares para conseguir la documentación"

“Hay familiares que no tienen ni siquiera el certificado de defunción”, ha señalado Marco Antonio Tobías en COPE Extremadura este viernes, aludiendo que “no presentan esta querella de forma temeraria ya que hay pruebas que constatan estas presuntas negligencias y ante la indefensión de los familiares por conseguir esta documentación”.

Si finalmente no se consigue esta documentación “habría que ver si se traslada el caso a la vía civil para ir contra la residencia o por la vía contencioso administrativa para ir con la Administración por responsabilidad patrimonial” y exigir indemnizaciones para los afectados. Además denuncian que la Dirección de la residencia está tratando de callar todo lo que allí ha pasado durante la pandemia