Becas a tiempo para quien más las necesita

"Las Becas en España llegan tarde a quien las necesita", según un estudio de Esade que urge a adelantar el pago de estas ayudas a principios de curso, para lo que estima necesario unificar el calendario académico de las universidades o contemplar la renta de dos años antes de la solicitud.

Estas son algunas de las propuestas del Centro de Políticas Económicas de la escuela de negocios tras constatar que la concesión y el pago de las becas para universitarios se produce cerca del final del curso académico, lo que "perjudica gravemente el acceso a la educación de los estudiantes".

Según el estudio, para seguir avanzando en movilidad social educativa en España, es imprescindible incrementar el acceso a la educación superior, pero con una mayor equidad y eficiencia en las políticas, y "uno de los instrumentos centrales para favorecerla son las becas universitarias"

Recuerda el informe que el 20 % de los estudiantes abandonan los estudios universitarios tras el primer curso y el 50 % de los alumnos requieren dos o más años adicionales para finalizarlos.

"Las becas son los asideros principales en la escalera entre educación secundaria y superior por la que se nos ‘caen’ precisamente muchos de los jóvenes que están en riesgo de abandonar el sistema antes de alcanzar un título superior, terminando en el mercado laboral sin las herramientas suficientes para construir una carrera sólida y próspera", asegura el trabajo.

En España, las becas tienen una cobertura aproximada del 25 % (300.000 estudiantes de grado de unos 1.341.000 matriculados), y se asignan por el nivel de ingresos y el tamaño de las familias condicionadas a cumplir unos requisitos académicos mínimos.

Unos criterios homologables al de otros países, aunque no lo es el hecho -calificado por el estudio como "anomalía mundial"- de que la concesión y el pago de las becas se produzca cerca del final del curso académico -como media después del primer cuatrimestre-.

El sistema de becas español, cuya competencia principal corresponde a los ministerios de Educación y Universidades, se asemeja a otros programas internacionales en cuanto a cobertura y alcance.

Tienen una base fija que contempla la beca por matrícula (el importe de los créditos en los que el estudiante se matricula por primera vez); el añadido por renta familiar (cuando ésta es baja) de unos 1.700 euros, el componente por residencia en un lugar distinto al familiar durante el curso (2.500 euros) y un plus por excelencia académica (de entre 50 y 125 euros).

Una vez asignadas estas cuantías a todas las personas solicitantes que cumplen con los requisitos, el importe que queda desde la suma de todo ese gasto hasta el total presupuestado se reparte entre los beneficiarios para ampliar la beca con un componente adicional variable. Este componente depende de una fórmula que pondera renta per cápita familiar y nota media.

"Todavía quedan universidades, aunque pocas, que tienen convocatorias extraordinarias en septiembre, y periodos de matrícula ya comenzado el curso, y esto hace que el plazo de solicitud se retrase para todas", indica el informe.

Por ello, se sugiere la propuesta de Juan José Ávila, jefe de sección del servicio de becas de la Universidad de Granada, para el adelanto y unificación de los calendarios académicos en todas las universidades de modo que tanto la finalización del curso como la matriculación del siguiente esté resuelta antes del verano.

Las becas se conceden en base al ingreso fiscal el año anterior a la solicitud y, como detalla el estudio, la campaña de la declaración de la renta termina a finales de junio.

Por ello, es necesario adelantar un año más el ingreso fiscal computable para la beca de tal manera que se tenga en cuenta el de dos años antes (en vez del año anterior).

Así no haría falta esperar a que acabe la campaña de renta para resolver solicitudes, como hacen en Francia o Países Bajos, y para las becas de comedor en muchas comunidades.

En informe propone asignar al Ministerio de Hacienda la tarea de revisar las solicitudes para corroborar los requisitos económicos, lo que aliviaría la revisión posterior por parte de las unidades de becas de las universidades, que cuentan con recursos humanos limitados.

Según sus cálculos, cerca del 30 % menos de volumen de solicitudes (unas 90.000 al año) suelen rechazarse por este motivo.

Esto cambiaría el ritmo de concesiones y pago para todas las convocatorias de becas futuras sin implicar incremento de gasto estructural alguno porque al año siguiente se volvería al volumen habitual.