Dan la razón a una opositora tras la muerte de su padre: La Junta de Extremadura deberá aplazar su examen y pagarle 7.500€

La juez critica la falta de humanidad de la Junta

Miriam Bañón

Mérida - Publicado el

2 min lectura

El Juzgado de lo Social Número 1 de Badajoz ha emitido una sentencia que da la razón a una opositora que solicitó el aplazamiento de su examen de empleo público tras el fallecimiento repentino de su padre. La decisión obliga a la Junta de Extremadura a retrasar la prueba y a indemnizar a la aspirante con 7.501 euros, tras considerar que su derecho a acceder a la función pública fue vulnerado al no ser atendida su solicitud.

La opositora, Pilar Durán, admitida para participar en un proceso de estabilización del empleo público, había solicitado el aplazamiento del examen, que coincidió con los actos funerarios de su padre, fallecido inesperadamente el 18 de mayo de 2024. El examen estaba programado para el 19 de mayo a las 10:00 horas, pero debido al fallecimiento, la aspirante no pudo asistir.

Pilar ha contado en COPE que a pesar de presentar su solicitud de aplazamiento conforme a las bases de la convocatoria, el tribunal de selección rechazó su petición, argumentando que el fallecimiento ocurrió más de 24 horas antes de la prueba, ya que estaba certificado a las 6:30 del 18 de mayo. De acuerdo con este plazo, la administración consideró que no existían motivos para modificar la fecha del examen.

Ahora, tras agotar varias vías, una sentencia, ha afirmado que exigirle a la opositora que participara en el examen tan solo 26 horas después de la muerte de su padre, y sin poder asistir a su entierro, representa una "absoluta falta de humanidad, respeto y consideración". La jueza también recordó que la legislación española prohíbe enterrar a un fallecido antes de las 24 horas, pero no establece que este acto deba realizarse justo en el minuto posterior a dicho plazo. Además, destacó que el fallecimiento fue un suceso "imprevisible e inevitable", lo que justifica plenamente la solicitud de aplazamiento.

Ahora, la Junta de Extremadura se ve obligada a cumplir con la resolución y reprogramar la oposición, mientras que Pilar recibirá una compensación económica por el perjuicio causado.