El Gobierno pisa el acelerador de Almaraz: activa el contrato de 23 millones para su desmantelamiento

El Gobierno central ha decidido romper la pausa y poner en marcha la cuenta atrás para el cierre definitivo de la central nuclear de Almaraz, situada en Cáceres. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la activación del procedimiento para adjudicar un contrato de 23,37 millones de euros —que superará los 28 millones con impuestos— para diseñar los trabajos de desmantelamiento de la planta.

Con esta medida, el Ejecutivo autoriza a Enresa, la empresa pública encargada de gestionar los residuos radiactivos y el desmantelamiento del parque nuclear español, a lanzar la primera gran licitación relacionada con el apagado de Almaraz. La decisión llega tras diez meses de congelación del proceso, en medio de un fuerte pulso político y empresarial sobre el futuro de la energía nuclear en España.

 Una central en el ojo del huracán energético  

El reactor I de Almaraz tiene previsto su cierre en noviembre de 2027, y el reactor II, en octubre de 2028. Es el inicio del calendario de clausura progresiva del parque nuclear español pactado en 2019 entre el Gobierno y las grandes eléctricas —Iberdrola, Endesa y Naturgy—, que preveía un cierre escalonado de todas las centrales hasta 2035.

Pero ese calendario está en entredicho. En los últimos meses, las compañías propietarias de Almaraz, agrupadas en la sociedad CNAT, presionan para obtener una prórroga de tres años, que permitiría alargar la operación de la planta al menos hasta 2030. Un movimiento que arrastraría el cierre del resto de reactores y que, según fuentes del sector, “ganaría tiempo” para asegurar el suministro eléctrico y amortiguar el impacto del cierre en el sistema energético. 

Las declaraciones de Quintana: “Hay que cumplir lo firmado”  

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha sido claro y directo:

“Las empresas firmaron el cierre de Almaraz para el año 2027 de un reactor y el 2028 para otro y el Gobierno tiene la obligación de llevarlo hacia adelante”.

Quintana ha subrayado además que no licitar el contrato de desmantelamiento podría abrir la puerta a una reclamación millonaria por parte de las eléctricas, por lo que el Estado actuaría bajo el riesgo de incurrir en responsabilidad patrimonial.

“Si no se presenta la licitación, podría haber una responsabilidad patrimonial de las empresas que podrían reclamar exclusivamente económico”.

Más allá del conflicto de plazos, el delegado ha recalcado la importancia del principio de “quien contamina, paga”, defendiendo que los residuos nucleares no recaigan sobre los ciudadanos:

“No sería lógico que los residuos los tuviéramos que pagar el resto de los ciudadanos”  

El plan de las eléctricas: más tiempo, menos impuestos  

Mientras el Gobierno activa la maquinaria para cerrar Almaraz, las grandes eléctricas preparan una contraofensiva. Iberdrola, Endesa y Naturgy se han dado hasta el próximo 20 de mayo para pactar una posición común en su próxima junta de socios. Estudian pedir una “miniprórroga” de tres años para Almaraz y, eventualmente, extender esa fórmula al resto de las centrales nucleares.

Pero su propuesta no es solo técnica ni energética: va acompañada de una exigencia clara al Gobierno y a las comunidades autónomas donde operan las centrales: rebajas fiscales. Las compañías reclaman un recorte en tasas e impuestos que, según sus cálculos, suponen más de 28 euros por megavatio hora (MWh) y más de 1.500 millones de euros anuales. En su opinión, estas cargas hacen inviable la rentabilidad del negocio nuclear. 

 El “no” del Gobierno: nada de rebajas  

El Ministerio para la Transición Ecológica, encabezado por la vicepresidenta Sara Aagesen, ya ha dejado clara su postura: no habrá rebajas fiscales ni financiación pública para la operación de las nucleares. “Quien contamina, paga” es el principio rector. Desde el Ejecutivo advierten que los costes de operación y la gestión de residuos deben seguir siendo asumidos íntegramente por las empresas propietarias.

“La fiscalidad y los costes de la gestión de los residuos no pueden en ningún caso recaer en los consumidores”, insisten fuentes ministeriales. 

 La posición de Extremadura: más que energía, futuro  

Desde la Junta de Extremadura, la portavoz Victoria Bazaga ha lamentado que el Gobierno siga adelante con el desmantelamiento.

“Lo que nos gustaría de esta reunión del Consejo de Ministros es ver aprobada una nueva renovación y prórroga de esta central nuclear de Almaraz. En Extremadura no merecemos desmantelamiento, lo que merecemos son oportunidades”.

El cierre de Almaraz supone una pérdida económica y laboral para el norte de Cáceres, donde la central es un motor de empleo directo e indirecto. Por eso, la Junta exige que, si finalmente se consuma el apagado, lleguen proyectos industriales alternativos a la zona. 

El tiempo es ahora el factor más crítico. Las eléctricas necesitan tomar decisiones antes de junio de 2025 para poder planificar inversiones, comprar combustible, formar personal y mantener operativos los equipos de la central. Si se pasa ese plazo sin una resolución clara, Almaraz tendría que detener su actividad, y reiniciar el reactor más adelante supondría altísimos costes y grandes complicaciones técnicas. 

El Gobierno ha puesto en marcha el cierre, pero el debate está lejos de acabarse. La energía nuclear se ha convertido en un campo de batalla político, económico y social. Las próximas semanas serán decisivas: entre licitaciones, presiones empresariales y reivindicaciones territoriales, España se juega el ritmo y el modelo de su transición energética.