La Junta empieza a tramitar una Ley para que los municipios extremeños crezcan de manera igualitaria

La Junta de Extremadura ha dado el primer paso para la tramitación del anteproyecto de Ley de cohesión e igualdad territorial de la comunidad autónoma, un compromiso electoral de María Guardiola con el que pretende garantizar un crecimiento equilibrado de todos los municipios de la región.

El Consejo de Gobierno de la Junta ha dado luz verde a la tramitación de esta norma para alcanzar el objetivo de que "todos los extremeños tengan la misma oportunidad y que la igualdad entre españoles sea real también dentro de nuestro territorio", ha señalado la portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, en la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo regional.

Bazaga ha añadido que la "preocupación" del gobierno extremeño por la igualdad y el desarrollo equilibrado de todo el territorio lleva a impulsar esta nueva norma, que saldrá a exposición pública en los próximos días, de modo que, una vez recibidas las aportaciones de la sociedad, el Ejecutivo convocará a los grupos parlamentarios a fin de recabar sus aportaciones.

Cabe destacar que el PP no cuenta con mayoría en la Asamblea de Extremadura tras la ruptura del pacto de gobierno con Vox. En todo caso, la portavoz de la Junta espera contar con el apoyo que ya tuvieron la Ley de Garantía de Autonomía Municipal y la de Reto Demográfico.

DISTRIBUCIÓN DE OPORTUNIDADES

Tal y como ha señalado la portavoz del ejecutivo extremeño, para que haya una "cohesión territorial efectiva" tiene que haber también una "distribución equitativa de oportunidades en toda la comunidad autónoma".

Para ello, esta ley regulará y activará medidas que sirvan para "un desarrollo equilibrado y que garanticen el crecimiento de todos los municipios", ha señalado Bazaga, quien ha añadido que el anteproyecto de ley cuenta con 29 artículos, cuyo contenido integrará medidas para una gobernanza territorial integradora, medidas que mejoren la participación ciudadana, la coordinación administrativa y la colaboración público-privada.

Asimismo, ha calificado como "fundamental" que haya instrumentos de ordenación territorial y urbanística para promover esa igualdad, en tanto que la vertebración del territorio debe basarse en "criterios estratégicos y en que las infraestructuras que demandan los extremeños miren por igual a sus necesidades y también a la cohesión de todas las comarcas".

Otra prioridad será la prestación de servicios y la comercialización de productos itinerantes, lo cual es "vital" para combatir la despoblación y "defender la libertad de los extremeños a seguir viviendo donde quieran".

Para ello, se plantean ayudas a los profesionales por el desplazamiento, la prestación y la puesta a disposición de servicios en los municipios, con el fin de evitar la pérdida de estos mismos en el ámbito rural.

SELLO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Otra medida contemplada es el Sello de Desarrollo Sostenible e Integrador de Extremadura, que tendrá dos categorías. Con la Responsabilidad Social Territorial se otorgará un reconocimiento institucional a empresas, negocios u organizaciones que incrementen las oportunidades que creen empleo, que prestigien el patrimonio natural y cultural o que mejoren las condiciones de vida de la población.

Y en la categoría de Garantía Rural se respaldará a entidades cuya actuación conlleve la "retención de la población y el talento" o supongan un incremento demográfico. En definitiva, se trata de "favorecer a aquellos que mejoren las condiciones de vida en zonas rurales".

REBAJA DE IMPUESTOS EN PEDANÍAS

Se trata de un "compromiso de desarrollo rural y demográfico" que se complementa con otras políticas "muy necesarias", como las rebajas de impuestos. En concreto, se va a corregir una "situación de desigualdad" en materia fiscal a los vecinos de las pedanías, que quedaron fuera de las rebajas fiscales contempladas en la Ley 3/22, del 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial de Extremadura.

En concreto, la futura ley plantea que los residentes de las pedanías disfruten de los mismos beneficios fiscales que tienen municipios y entidades locales que estén por debajo de los 3.000 habitantes. En este sentido, y para la correcta aplicación de los beneficios y dar mayor seguridad jurídica, se ha creado un censo de estas poblaciones en el anexo del anteproyecto de ley.

"Creemos firmemente en la igualdad y en la cohesión y confiamos en que esta nueva norma sirva pronto a la autonomía municipal y a la lucha contra la despoblación", ha concluido Bazaga.