La Junta de Extremadura plantea otro convenio a los regantes de Tierra de Barros

Las renuncias presentadas por los agricultores de Tierra de Barros a participar en el proyecto de regadío ha reducido la superficie total del mismo desde las 15.500 hectáreas recogidas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada en 2021 hasta las actuales 10.500.

Por este motivo, se ha planteado desde la Administración regional la elaboración de un nuevo convenio de colaboración a la comunidad de regantes para la ejecución del proyecto ante la imposibilidad de incorporar las 3.500 hectáreas de reserva, al no estar incluido en la citada DIA, según ha argumentado este miércoles en el Pleno de la Asamblea el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, en una comparecencia a petición propia.

Una "nueva mentira" sobre el proyecto del anterior Ejecutivo regional socialista que ha "destapado" el actual Gobierno, ha señalado Higuero, quien ha reiterado su "firme compromiso" para que este proyecto sea una realidad "sí o sí", a pesar de los "nuevos obstáculos" que van apareciendo.

Con este fin, se ha encargado un "análisis de la nueva situación" para reevaluar el proyecto, teniendo en cuenta una horquilla de entre 8.000 y 12.000 hectáreas, y asimismo se ha planteado a la comunidad de regantes, en la última reunión celebrada el pasado 16 de diciembre, un nuevo convenio "ajustado a la realidad del proyecto".

En este sentido, ha señalado que el anterior contaba con un marco temporal de "imposible cumplimiento", pues el anterior gobierno socialista, al que ha acusado de "jugar con las ilusiones" de los agricultores, se comprometió a realizarlo en cuatro años, a pesar de que faltaba, ha indicado, un informe de afectación a la Red Natura 2000.

En su comparecencia, Higuero ha vuelto a referirse a la financiación del proyecto, para el que la Junta ha planteado una cantidad de 20 millones en el proyecto de Presupuestos para 2025, aún pendiente de cerrar un acuerdo para su aprobación la próxima semana, si bien ha vuelto a reclamar la participación del Gobierno central en el mismo.

TIENE EL OK DE LA CHG

El consejero ha dado cuenta asimismo de la respuesta recibida a las aclaraciones solicitadas el pasado mes de septiembre a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) en relación al proyecto, y en concreto sobre la garantía del suministro en otros usos y del cumplimiento de los caudales ecológicos, así como al impacto del regadío sobre la masa de agua y el acuífero de tierra barro.

Según Higuero, el informe se presenta como "un documento positivo y concluyente" para despejar "ciertas inquietudes" planteadas por la Comisión Europea, que eran "determinantes en el proceso de obtención de fondos".

De este modo, la aclaración de estas "dudas" permitirá "avanzar en una estrategia sólida", mediante la cual la región obtenga la "deseada financiación europea".

En concreto, sobre la garantía del suministro en otros usos y del cumplimiento de los caudales ecológicos, la CHG concluye que el regadío de Tierra de Barros "no afecta en ningún caso a los usos de abastecimiento e industria".

Y en relación con los caudales ecológicos, se concluye que podrán seguir atendiéndose las condiciones legalmente establecidas con "un 100% de garantías".

Respecto al impacto sobre las masas de agua y el acuífero, se concluye que el proyecto ha sido tenido en cuenta en el análisis de presiones e impactos del Plan Hidrológico, ha dicho Higuero, concluyendo que el incremento de extracciones de los embalses de Villalba y Alange "no va a producir un deterioro de las masas de agua".

Por último, en cuanto al impacto sobre las masas de agua por incremento de la contaminación por nitratos, se concluye que "no se producirá si se cumplen las medidas" establecidas en el Plan hidrológico y el Real Decreto 47/2022, del 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.