La intervención de Alcoa es viable, según un informe de la Universidad de A Coruña

La intervención pública en Alcoa es legal y se ajusta al derecho español y comunitario. Así lo concluye un informe elaborado por el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña, Carlos Aymerich. El documento, encargado por el sindicato CIG, explora las distintas posibilidades de una adquisición de las fábricas de Alcoa de A Coruña y Avilés por parte del Estado, en una especie de "nacionalización transitoria" hasta encontrar un inversor que se haga con la gestión de ambas.

Hay varias vías para hacerlo. Si es en condiciones de mercado, el estado actuaría como si fuera un inversor más. Requeriría, eso sí, de una evaluación previa del retorno de la operación y del precio que se pediría por las factorías. Hay otra fórmula a través de las ayudas públicas de reestructuración, que necesitaría la  autorización de la Comisión Europea. En este caso, vendría aparejada de un plan industrial que requeriría recortes de capacidad laboral y empleo.

EJEMPLOS EUROPEOS 

En el informe se repasan varios precedentes en países europeos como Francia, Alemania o Italia. Como modelo a seguir, se cita el de la fábrica de Alcoa en Portovesme, en la región italiana de Cerdeña. La multinacional anunció el cierre en 2012. A partir de ahí, el Estado se hizo con la gestión, hasta que llegó un inversor solvente: la suiza Syder Alloys. Ahora, esta empresa tiene el 75% del capital y el resto está en manos de Invitalia (un ente público equivalente a la SEPI) y de los trabajadores.

La CIG presentará ahora el documento ante los poderes públicos, tanto el Estado como la Xunta. Pretenden conseguir más margen para evitar ese plazo del 1 de julio para ejecutar los despidos de toda la plantilla de Alcoa. Quieren que que sea una medida de presión no solo para el Estado, sino también para la propia empresa, que tiene la última palabra sobre traspasar o no el negocio a otra compañía