Le okupan su piso de A Coruña y, tras casi cinco años, así intenta revertir la situación: "Es una burla"

Pilar tiene un piso en A Coruña, en el centro de la ciudad, de tres habitaciones, reformado y en muy buen estado. Pero, en la práctica, Pilar tenía un piso. En 2019, se lo alquiló a una mujer marroquí con una niña de 11 años por 370 euros al mes. Un chollo para los precios actuales.

Pilar asegura que a ella y a su marido les dio pena la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la mujer quien se comprometió "a no dejar de pagar nunca y nos fiamos, la creímos porque nunca esperas que la gente te falle, pero he visto que eso nunca se debe esperar". Y es que tras esta experiencia, señala, "hay que mirar bien a quien se alquila cuando se alquila". 

En 2020, Pilar sufrió la pérdida de su marido y desde entonces su inquilina dejó de pagarle. Ella corre con los gastos de esa vivienda que está disfrutando gratis desde hace 5 años su inquilina, ahora, inquiokupa. "No me ha pagado nunca más desde el 2020. Jamás me ha vuelto a pagar ni un euro", afirma. Sin embargo, ella sí que tiene que correr con todos los gastos "comunidad, IBI, seguro, agua...". 

embargo pensión

Este pasado año decidió dejar de pagar el recibo de un agua que ella no consumía, "me cansé porque ya me parece que es una burla, vamos, reírse de un propietario". Pero en diciembre le llegó un embargo a su cuenta por importe de 88 euros por impago del recibo del agua del ayuntamiento de A Coruña y ahora otro de 201 euros. "Yo no he pagado porque no lo veo justo, porque esto es inhumano. Esto es insufrible ya cinco años", subraya Pilar.

Pilar asegura estar "indignadísima, muy cabreada con el mundo, con el gobierno, con esta gente que está protegiendo a un puñado de jetas que están fastidiando el mercado inmobiliario porque hay muchos inquilinos honrados que están pagando religiosamente, con mucho esfuerzo". Por eso, augura algo que ya está pasando con situaciones como estas, "lo que va a pasar es que vamos a retirar nuestras viviendas del mercado inmobiliario y que no haya quien alquile un piso".  

DECRETO 11/2020

Eso, dice, es lo que está consiguiendo este gobierno al no derogar el Real Decreto-Ley 11/2020 que se promulgó en plena pandemia para adoptar "medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19". Un decreto que contempla, entre otras medidas, el no poder desahuciar a personas vulnerables.

Y este es el caso de Pilar y muchos propietarios afectados. "Este decreto es el que me impide a mí desahuciar a esta sinvergüenza, que no tiene otro nombre", se lamenta. 

SOLUCIONES

Pilar señala que, a día de hoy y con la ley en la mano, no tiene "ninguna" opción para solucionar su situación. Ella lo ha denunciado y tiene una orden de desahucio desde el 2021 que no se puede ejecutar atendiendo al Real Decreto en vigor. "Ella se declara vulnerable porque se saben todos la misma canción. Esta canción se la tienen todos aprendida de memoria y dejan de pagar. Entonces, el juez, como es vulnerable no los puede echar", destaca.

Pero ¿qué pasa con la situación de esta vecina de A Coruña? ¿Quién piensa en su situación? Ella misma se lo pregunta, "¿yo no soy vulnerable siendo pensionista jubilada por incapacidad?¿alguien me ha preguntado a mí en estos cinco años: Pilar, tú cómo vives, de qué vives, te llega para pagar lo que estás pagando? ¿A quién le importa eso?"

APROVIJ

Por casos como el de Pilar y otros muchos afectados ha nacido la Asociación de propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica (APROVIJ) de la que Pilar es cofundadora. El motivo de hacer esta asociación es porque "nos hemos dado cuenta que jurídicamente los propietarios estamos indefensos por completo. No tenemos ningún apoyo de ningún organismo. Da igual qué puertas vayas a tocar, siempre te salen con el decreto", explica.

Un decreto que, según Pilar, impide los desahucios por lo que los propietarios que quieren alquilar su vivienda se lo piensan muy, mucho o directamente deciden no alquilar. Por eso, piden al gobierno que derogue el Real Decreto 11/2020 y que miren por los propietarios. "No somos el escudo social de nadie. Que hay gente vulnerable vale y esa gente la tiene que apoyar el gobierno o darle una alternativa habitacional pero el gobierno no tiene que hacer recaer ese peso sobre el pequeño propietario", concluye.