El Parlamento pide cubrir de manera inmediata las plazas vacantes en el CAMF de Ferrol y acometer reformas

El Parlamento de Galicia aprobó este miércoles la proposición no de ley del Grupo Popular, con el voto en contra del PSdeG, a través de la que se reclama al Gobierno central que resuelva la situación del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF) de Ferrol, cubriendo de manera inmediata los puestos vacantes existentes, dotando puestos de trabajo fijos para reducir la contratación temporal, y acometiendo las reformas precisas para renovar las infraestructuras y medios técnicos.

La diputada popular Rosalía López explicó que el CAMF de Ferrol, con una capacidad para 110 plazas residenciales y 10 plazas de día, responde a la necesidad de impulsar la calidad de los servicios sociales para atender a las personas en situación de dependencia y sus familias, brindando apoyo al movimiento asociativo de este colectivo. Este centro presta una atención directa, de carácter especializado e integral a las personas con discapacidad física y en situación de dependencia, con servicios en régimen de internado o de atención diurna, desde un enfoque socio-sanitario y de asistencia, debiendo contar con un amplio equipo multidisciplinar con experiencia en las distintas áreas de intervención.

PARCHES CON EL PERSONAL

Sin embargo, Rosalía López lamentó que “el personal está bajo mínimos, ya que 25 de los 168 puestos de la plantilla están vacantes y, en lugar de cubrirlos con interinos, se hace frente al problema con contratos eventuales entre 1 y 6 meses y contratos de menos de 15 días, llegando a realizarse más de mil contratos en un año”. Ante esta situación, dijo que “los trabajadores insisten en que los contratos eventuales son sólo parches, abogando por cubrir las vacantes con trabajadores interinos a la espera de que se resuelvan los distintos procesos selectivos para adjudicar esas plazas”.

Asimismo, indicó que “las infraestructuras de este centro tienen más de 30 años y en todo este tiempo no se acometió reforma integral alguna que había adaptado la instalación al que tendría que ser un centro adaptado a las actuales exigencias necesarias para un servicio tan especializado, a adaptarlo a los nuevos estándares de confort y eficiencia energética en los que las administraciones públicas debería ser ejemplares”.

Rosalía López concretó que “en los últimos años solo se invirtieron cerca de 250.000 euros en la compra de material, pero nada se hizo en lo que respecta a los servicios del edificio: de los seis ascensores que tiene el centro, sólo funcionan tres; hace falta ejecutar los proyectos elaborados para la zona de enfermería, farmacia, fisioterapia y terapia ocupacional; hay que reformar la cocina; es necesaria una sala de curas; y, lo más importante, no se hicieron las correspondientes obras para la mejora de la eficiencia energética”.