Una hora para poder salir de casa, la triste situación de una vecina de Santiago

Fina cumple 89 años el próximo mes de noviembre y apenas puede salir de casa. Está casi ciega, tiene problemas de audición y de movilidad y necesita un ascensor para que le facilite poder bajar a la calle desde el cuarto piso en el que vive.

"Colocó sillas en los descansillos para poder descansar entre tramo y tramo", explica a Cope Santiago María, una vecina de Fina que está intentando que el edificio pueda tener ascensor. "Tarda entre 40 minutos y una hora en poder llegar, su situación es dramática".

El inmueble en el que reside tiene 50 años de antigüedad y está ubicado en el barrio de Pontepedriña, una zona conocida como "vuelva mañana". En su día eran las afueras de la ciudad, hoy un barrio emergente de Santiago, a pocos metros de un conocido centro comercial.

En ese mismo edificio viven también un hombre con problemas coronarios y otro con una prótesis, que necesitan también con urgencia que se instale el ascensor.

Fina era una persona vital, que acudía a clases de música, y ahora apenas puede salir a la calle por falta del elevador.

Problemas burocráticos

La comunidad de vecinos ha solicitado una ayuda del ayuntamiento de Santiago para poder construir el elevador, pero les ha venido denegada porque constan recibos sin pagar en algunos pisos de la urbanización.

Desde el concello atribuyen esos impagos al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), pero desde la Xunta niegan ser titulares de esas propiedades.

Los vecinos estiman que costaría alrededor de 80.000 €, un dinero que no se pueden permitir varias personas que viven aquí y que tienen rentas bajas o son pensionistas.

Esta zona ha sido declarada como ARI, área de rehabilitación integral. Con esto, los vecinos de estas áreas pueden pedir subvenciones que financian la totalidad de los costes.

Discrepancias entre Xunta y Concello de Santiago

Según el concello, el IGVS no está al corriente de pagos con el Ayuntamiento, por no haber abonado tasas de agua, saneamiento, tasas de entrada de vehículos y reserva de aparcamiento.

Y ningún beneficiario de las ayudas de los ascensores puede tener deudas, así que pagan los vecinos por esta batalla entre dos administraciones públicas.

Desde la Xunta de Galicia nos dan otra versión: niegan la existencia de esas deudas, todo lo contrario, aseguran que es la administración local la que debe al instituto autonómico casi 14.000 euros. Técnicos de este organismo que depende de la Consellería de Medio Ambiente, están revisando toda la documentación y nos aseguran que los recibos que reclama el concello compostelano están ya abonados.

Con todo, resulta incomprensible, aseguran, que se deniegue esa ayuda a una comunidad de vecinos ajena a esas supuestas deudas y ven deficiencias en las bases de la convocatoria de estas subvenciones que convoca el propio concello y que se nutre de fondos europeos en un 80% de sus fondos.

"Si un ciudadano tiene una simple multa de tráfico podrían denegarle la ayuda a la totalidad del inmueble", sentencian desde la administración autonómica.

Hemos solicitado al Ayuntamiento de Santiago más información sobre la convocatoria de estas ayudas, la letra pequeña y que se nos informe sobre la tramitación y nos responden que "esta convocatoria está pechada".