Archivada, tras 6 años, la pieza de la Pokemon en la que se investigaba a dos ex alcaldes de Santiago

El Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones relacionadas con una de las piezas separadas de la operación Pokemon remitida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, hasta hace poco en manos de la jueza Pilar de Lara, y en la que estaban investigados dos exalcaldes del PP, Gerardo Conde Roa y Ángel Currás, que acabaron dimitiendo en la misma legislatura pasando el bastón de mando finalmente a Agustín Hernández.

Del mismo modo, ha acordado dejar sin efecto las medidas preventivas adoptadas respecto a los 11 investigados, entre los que también se encontraban otros ediles populares como Albino Vázquez y el socialista Bernardino Rama. La causa que ha quedado archivada ahora se abrió por presuntas irregularidades cometidas por concejales y personal funcionario del Ayuntamiento de Santiago hace dos legislaturas.

Se siguió instruyendo la causa en los juzgados de Lugo, a pesar de la inhibición en favor de los de Santiago

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago asegura en el auto que, tras examinar la documentación, le resulta imposible "determinar con exactitud qué hechos delictivos se atribuye a cada uno de los sospechosos", así como "conocer la línea de investigación" llevada a cabo en Lugo, tal y como ha informado el TSXG.

La magistrada recuerda que recibió la causa en mayo de 2018, cuatro años después de que la instructora de Lugo se inhibiese a su favor, en 2014. Entonces rechazó hacerse cargo del caso, pero en febrero de 2020 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia le atribuyó la competencia. Y explica Ana López-Suevos que durante los cuatro años que pasaron desde que se decretó la inhibición de la causa hasta que la recibió, en Lugo se continuaron practicando diligencias.

Por ello, considera que el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago "se encuentra imposibilitado para conocer cuál es el objeto de la causa, pues tanto los hechos como los delitos pueden haberse descartado o confirmado o incluso añadido otros nuevos, así como el número e identidad de los posibles sospechosos, aunque no habían sido formalmente imputados" y que, procesalmente, "se actuó con el criterio contrario a la lógica de tramitación", ya que en lugar de llevar a cabo una breve instrucción e inhibirse al juzgado de Santiago, lo que se hizo fue dictar un auto de inhibición, pero se siguió instruyendo la causa cuatro años más en Lugo.

TOTAL INDEFENSIÓN, INCERTIDUMBRE Y ANGUSTIA

En el auto también resalta que a los denunciados se les causó una total indefensión, al tiempo que recuerda que estuvieron sometidos "a medidas preventivas que restringieron su libertad personal", afirmándose que se les ocasionó "incertidumbre y angustia" a los investigados "por encontrarse inmersos en un proceso judicial del que resulta imposible determinar con exactitud qué hechos delictivos se les atribuyen a cada uno de ellos".