Galicia pide el aplazamiento del grupo de trabajo del lobo que abordará la prohibición total de su caza

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, junto con las comunidades de Asturias, Cantabria y Castilla y León, acaba de solicitar el aplazamiento de la reunión del Grupo de trabajo del lobo hasta que no se aclaren "las circunstancias e irregularidades" que, según la administración gallega, se produjeron en la última reunión de la Comisión Estatal para el patrimonio Natural y la Biodiversidad, celebrada el pasado 4 de febrero.

Así se lo traslada la directora general de Patrimonio Natural, Belén do Campo, al director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, Jorge Luis Marquínez García, después de recibir un correo electrónico del Comité de Flora y Fauna Silvestre y del Grupo de trabajo del lobo, con la convocatoria a una reunión técnica para mañana, miércoles 10 de febrero, en base al cumplimiento de los acuerdos adoptados en la Comisión Estatal.

En ese sentido, y según un comunicado oficial de la Xunta, las regiones al Norte del río Duero consideran que dicho acuerdo es una propuesta, no un acuerdo, que no da por finalizado el procedimiento administrativo y que, además, presenta una serie de irregularidades que deben ser corregidas.

Tal y como viene denunciando la Xunta de Galicia, estas irregularidades afectan tanto a la tramitación del procedimiento, como a la celebración de la última Comisión estatal, ya que el propio Dictamen emitido por el Comité Científico señala “la ausencia de criterios objetivos para la inclusión de especies en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial” (Lesrpe).

Así, la Xunta de Galicia se suma a las acciones y medidas que las comunidades del Norte del río Duero (Asturias, Cantabria y Castilla y León) emprenden para frenar la inclusión del lobo en el Lesrpe.

Estas regiones, que albergan más del 95% de los lobos de España, defienden que esta decisión estatal carecer de fundamento técnico y científico y vulnera las competencias exclusivas en materia de caza de las Comunidades Autónomas, pues la propia normativa comunitaria permite que las poblaciones de lobo al norte del Duero puedan ser gestionadas con normas cinegéticas.