El gobierno provincial saca adelante su presupuesto con la abstención del PP

Lugo, 27 de noviembre.- El gobierno provincial ha conseguido sacar adelante el presupuesto de la Diputación de Lugo para el año que viene, unas cuentas que ascienden a 88,4 millones de euros, gracias a la abstención del grupo del Partido Popular, mientras que el BNG y el diputado no adscrito Manuel Martínez votaron en contra.

Durante la exposición de los presupuestos, la diputada de Economía, Mayra García, recordó “la importancia de llegar a acuerdos con otras fuerzas” para aprobar las cuentas de la institución para 2019, porque “los vecinos de Lugo necesitan estos presupuestos”, dado que más de 48 millones de euros van destinados “a inversiones” y, por lo tanto, a hacer frente “a sus demandas”.

Son unos presupuestos para “mejorar la calidad de vida en el rural, porque Lugo es una provincia rural”, destacó la edila, con un Plan Único de ayudas a los municipios que rondará los 20 millones de euros con la incorporación de los remanentes del ejercicio en curso, pero también con la continuación de los planes de inserción laboral y con más de 4 millones de euros destinados a la apertura de las residencias de la tercera edad ya construidas.

Un presupuesto que, según la diputada de Economía, responde a las “necesidades de los 330.000 lucenses” y de los 67 municipios de Lugo.

Por su parte, la portavoz del grupo Popular, Elena Candia, justificó el sentido de su voto en la inclusión de una enmienda, que fue aceptada por el gobierno provincial, para que los municipios que firmen convenios con la Diputación Provincial para la apertura de sus residencias de la tercera edad puedan “elegir” también a que entidad le encomiendan su gestión.

Según Candia, “esta institución ha demostrado que sabe construir residencias” de la tercera edad, pero ahora “debe demostrar que también sabe gestionarlas”, porque hasta ahora ninguna ha abierto todavía sus puertas y solo han servido como “arma arrojadiza” de la Diputación de Lugo contra la Xunta de Galicia, después de un gasto de 15 millones de euros.

En cuanto al presupuesto en sí, aseguró que echa en falta en estas cuentas “un proyecto de provincia”.

Al igual que el diputado no adscrito, Manuel Martínez, afirmó que es un presupuesto “prácticamente idéntico al de 2016”, que “marcó un antes y un después” en la institución provincial, dado que sirvió para “desterrar el besteirismo” y con él también “el reparto sectario” de los fondos provinciales.

Martínez también dijo que las cuentas presentadas para 2019 “son los presupuestos de 2016”, por lo que acusó al gobierno provincial de intentar “reirse de los diputados” provinciales con una propuesta que “solo repercute en los intereses del grupo socialarribista” y que consolida una forma de hacer política marcada por el “clientelismo y el cacisquimo”.

De hecho, según Martínez, el gobierno provincial casi destina los mismos fondos “a propaganda”, unos “8 millones de euros”, que a “arreglos” en las carreteras de la red viaria provincial.

Además, tanto Martínez como el BNG se quejaron del poco tiempo que les dio el gobierno provincial para revisar la documentación completa de los presupuestos y las enmiendas presentadas por los demás grupos, porque esas propuestas les llegaron solo “unos minutos antes del inicio del pleno”.

El portavoz nacionalista, Xosé Ferreiro, dijo que “está muy bien pedir la colaboración de los grupos, pero es totalmente imposible” que los diputados de la oposición puedan “revisar en un fin de semana los 400 folios” que componen la propuesta de presupuestos, y más cuando se aprecian en las cuentas “pozos oscuros totalmente opacos”.

Aseguró que los nacionalistas en ningún caso pueden “compartir el fondo” de estos presupuestos, porque “es imposible que la Diputación pueda sostener un sistema de residencias si la Xunta no se implica”.

“No existe un proyecto unificador, una hoja de ruta”, dijo Ferreiro.

Martínez ya anunció su intención de recurrir los presupuestos, al considerar que se vulneraron los derechos de los diputados provinciales por no haber dispuesto del tiempo que establece la ley para revisar las cuentas, primero por vía administrativa y, en última instancia, judicialmente.