La Xunta le pide el Ayuntamiento de Lugo que aclare el coste de demolición de O Garañón
La administración autonómica opina que la transformación de O Garañón en una zona verde aportará "efectos positivos"
Las torres de O Garañón afean el entorno del parque
Lugo - Publicado el - Actualizado
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La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda le ha trasladado al Ayuntamiento de Lugo la necesidad de que precise en el proyecto para modificar el Plan Xeral de Ordenación Municipal en la zona de O Garañón el coste estimado de derribar las dos polémicas torres del mismo nombre.
La Xunta ha informado de que ya le ha remitido a la administración local el informe ambiental sobre su borrador para modificar el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) en esa zona de la ciudad, donde fueron levantadas las dos polémicas torres que dieron lugar al llamado Caso Garañón.
Archivada la causa penal, aún está pendiente la ejecución de la sentencia que obliga a la demolición de ambas torres, para lo cual el Ayuntamiento de Lugo está realizando los trámites correspondientes, entre ellos una modificación puntual del PXOM para que esa parcela sea zona verde.
Una vez cerrado el plazo de consultas del borrador presentado por el Ayuntamiento, la Dirección Xeral de Calidade Ambiental le ha remitido las conclusiones y propuestas de la Xunta de Galicia para que sean tenidas en cuenta en la redacción final del proyecto.
La Xunta de Galicia incide en la “necesidad de partir de la realidad física actual, dado que el borrador omite las edificaciones existentes, al prever que serán demolidas”.
CUÁNTO COSTARÁ
El informe autonómico recuerda que “para proceder a la modificación puntual del PXOM, debe garantizarse la viabilidad técnica y económica de la nueva ordenación propuesta”, informa la Xunta, por lo que “es necesario incorporar todos los conceptos de gasto, incluida la adquisición de terrenos y la eliminación de los edificios o de cualquier otro elemento incompatible con la ordenación prevista”.
Además, el informe ambiental estratégico también establece una serie de recomendaciones en materia de patrimonio cultural, como ajustar la documentación urbanística a la delimitación oficial del Camino Primitivo o proyectar edificaciones que ejerzan la menor presión posible sobre los bienes de la zona.
En general, la Xunta entiende que la propuesta del Ayuntamiento para la zona no tendrá efectos ambientales adversos, pero sí “efectos positivos en materia de protección del paisaje”.