Un millar de demandas paralizadas y 200 juicios suspendidos por la huelga de los letrados en Lugo

Más de un millar de demandas están en estos momentos paralizadas a causa del paro de los antiguos secretarios judiciales, iniciado el pasado 24 de enero.

Los letrados de la Administración de Justicia en paro colgaron sus togas en la fachada de los Juzgados

José Luis Ramudo

Lugo - Publicado el - Actualizado

2 min lectura

La huelga de los letrados de la Administración de Justicia hace que las demandas se “acumulen” en el Decanato de Lugo, donde han sido suspendidos en los últimos días más de doscientos juicios, según la información facilitada por los antiguos secretarios judiciales que están secundando este paro.

En declaraciones a Cope Lugo, uno de esos letrados que está en huelga, David Santos, aseguró que la actividad judicial “está paralizada en Lugo”, donde han sido suspendidos desde que comenzó la huelga más de doscientos juicios.

Al haberse acogido a su derecho a huelga el letrado de la Administración de Justicia que lleva el Decanato, precisó, el reparto sigue paralizado, salvo en el caso de los servicios mínimos, y “las demandas siguen acumulándose”.

Según sus cálculos, “más de un millar de demandas” están en estos momentos paralizadas a causa de la huelga, iniciada el pasado 24 de enero.

El hecho de que esté “paralizado el Decanato, explicó, afecta directamente a “la entrada de asuntos” en los órganos judiciales. “Solo se pueden repartir” entre los diferentes juzgados “los asuntos urgentes” o considerados “de servicios mínimos”, aclaró.

NO SE ADMITEN DEMANDAS

“Está afectando a la entrada de asuntos en todos los órganos judiciales. No se está llevando a cabo la admisión de demandas”, insistió.

También precisó que cada día están sumándose más funcionarios de este cuerpo al paro, a la espera de que el día 16 “se reúna el Ministerio de Justicia, para llegar a un acuerdo si cumple lo pactado”.

En cuanto a las causas de la huelga, recuerda que el motivo principal del paro es la reclamación de una subida salarial acorde a las competencias que ha ido descargando en los últimos años la Administración de Justicia sobre los funcionarios de este cuerpo, sin que se haya producido la contraprestación comprometida en su día por el Gobierno.

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