Tensa espera antes de la reunión de Alcoa, comité y Administración

La representación de los trabajadores afirma que no es el momento de firmar acuerdos de intenciones, porque el Gobierno puede plasmar sus intenciones en el BOE

José Luis Ramudo

Lugo - Publicado el

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El lunes es el día. Después de muchos meses, van a verse las caras, sentados alrededor de la misma mesa todos los agentes implicados en una posible solución de continuidad para la planta que la multinacional Alcoa tiene en la comarca de A Mariña: comité de empresa, representantes de la dirección de la compañía, el Gobierno de España y la Xunta de Galicia. 

Ante la inminencia de ese encuentro, fijado para el 9 de de diciembre en Madrid, el presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, opina que plantear la posibilidad en esa reunión de un acuerdo bilateral de entendimiento o de convergencia de intenciones entre la multinacional, la Xunta de Galicia y el Gobierno de España es algo “ridículo”.

Recuerda que una reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo de viabilidad firmado por Alcoa con sus trabajadores, que permitió el apagado de las cubas de electrolisis de San Cibrao a cambio de inversiones millonarias para modernizar el complejo industrial. El comité exige que, por parte de todos, se cumpla con lo firmado.

Esperamos que el Gobierno traiga algo más que firmar un acuerdo. Sería, entre comillas, ridículo”, dijo Zan.

En ese sentido, se preguntaba “para qué firmar un acuerdo de intenciones cuando tienes el Boletín Oficial del Estado (BOE) y lo único que tienes que hacer es aprobar -hacer oficiales- las decisiones que tomes”.

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Planta de Alcoa en San Cibrao

ayudas, la balsa de lodos rojos y parques eólicos

El presidente del comité afirmó que si el Gobierno realmente tiene la voluntad de aportar “todas las ayudas por CO2” y “licitar los parques eólicos” pendientes, como “prometió en diciembre del año pasado”, lo que tiene que “hacer, en vez de publicarlo en la prensa, es publicarlo en el BOE”.

      
             
      

Supongo que en el Gobierno son mucho más serios que todo esto”, dijo Zan, al igual que “la Xunta de Galicia”, que ya “ha aprobado la declaración de impacto ambiental” para la ampliación del Depósito de Barros Rojos (DBR), la balsa donde se almacenan los residuos tóxicos resultantes de la transformación de bauxita en alúmina.

Según Zan, la Administración, y en concreto el Gobierno de España, no “tiene que firmar ningún acuerdo de intenciones. Si quiere legislar, legisla y ya está”.

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