Nueva semana clave para los trabajadores de Alcoa con el juicio sobre el despido colectivo

La planta de aluminio primario de Alcoa San Cibrao entra en una semana decisiva para su futuro, dado que este jueves -día 3 de diciembre- se celebra en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el juicio por la demanda contra el proceso de despido colectivo que afecta a 524 trabajadores de la plantilla.

Será la segunda vista oral celebrada en alto tribunal gallego en relación con la situación de la planta de Alcoa San Cibrao, dado que previamente se celebró otra para evaluar las medidas cautelares solicitadas por los sindicatos.

Esa vista finalizó con una resolución que prohíbe a la multinacional apagar las cubas de electrolisis de la fábrica de aluminio primario, una decisión que la empresa ya ha recurrido.

De hecho, el recurso ya ha sido admitido a trámite por el TSXG.

El comité de empresa no oculta la importancia que tendría para el futuro de la factoría de San Cibrao una resolución favorable en el juicio por el proceso de despido colectivo, aunque también aclara que no supondría la solución al “problema” contra el que llevan luchando desde hace meses los trabajadores del complejo industrial mariñano.

En cuanto al juicio, el presidente del comité, José Antonio Zan, confía en que los trabajadores sean capaces de demostrar que es “una absurda locura aplicar un ERE a esta plantilla”, porque en estos momentos “la planta de aluminio no pierde dinero”.

Es más, aseguró que “en los últimos tres años nunca ha estado el aluminio” al precio actual y “sigue subiendo”, ni “tampoco tan barato el precio de la luz”.

“Hay que seguir resistiendo. No podemos bajar los brazos”, añadió Zan, quien reconoció que los trabajadores están “nerviosos” porque ven que su situación está “en el aire”, habida cuenta de que el Gobierno no aclara “cuándo van a terminar los trámites judiciales” para dar paso a una intervención del complejo industrial.

Con independencia del resultado del juicio que se celebrará el jueves, el comité de empresa considera que el Gobierno debería aclarar cuándo va a dar por agotada la vía judicial para tomar decisiones políticas.