Baleares pide cambios en los requisitos para obtener el Ingreso Mínimo Vital

La consellera de Asuntos Sociales de Baleares, Fina Santiago, ha enviado una carta al ministro José Luis Escrivá pidiendo que cambie los requisitos de concesión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para que contemple situaciones de vulnerabilidad económica ahora excluidas.

Se pide que tenga en cuenta las situaciones de vulnerabilidad económica sobrevenida a la hora de entregar el IMV y que no se base en los posibles ingresos que haya podido tener el solicitante en el ejercicio de 2019.

A juicio de Santiago, representante de MÉS per Mallorca en el Govern de coalición de Baleares, el principal problema del sistema establecido es que se deniega la prestación si en 2019 el solicitante ha tenido más de un 50 % de los ingresos que le correspondería cobrar del IMV".

Pone como ejemplo que una persona sola sin patrimonio que en 2019 hubiera ingresado en total 3.000 euros y que en 2020 no haya tenido ninguna percepción queda excluida de la prestación.

Si se considerara la situación económica actual "se ampliaría de forma considerable el número de resoluciones positivas", sostiene la consellera de las islas.

Reclama más agilidad en la resolución de las solicitudes

En la carta, Santiago solicita también a Escrivá que tome medidas para agilizar la resolución de las solicitudes, puesto que la demora impide a la administración autonómica conceder a personas sin recursos pendientes del IMV prestaciones autonómicas subsidiarias como la Renta Social Garantizada que otorga el Govern balear a solicitantes de la prestación estatal que tendrían derecho a la autonómica de forma subsidiaria, lo que aumenta "la situación de vulnerabilidad económica de las familias"

La representante del Govern balear recuerda al ministro que él mismo ha reconocido que se deberá modificar la normativa de la nueva prestación estatal ante la evidencia de que con la regulación aprobada no se alcanzará el objetivo inicial de ayudar a 850.000 familias.

Indica que hasta la fecha solo se ha reconocido a 160.000 familias el derecho al IMV, que considera "uno de los grandes avances sociales" de la historia democrática española pese a las "dificultades de gestión al inicio de su implementación".