Las agencias de viajes de Baleares rechazan "frontalmente" la ecotasa aérea anunciada por el Gobierno

La Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (AVIBA) ha rechazado el debate que se está generando a raíz del anuncio de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, sobre imponer un impuesto a quienes viajan en avión. Su presidente, Xisco Mulet,  asegura que sería  un claro perjuicio para los habitantes de Baleares, y del resto de territorios extra peninsulares. 

Mulet, afirma  “viajar en avión para los que residimos fuera de la Península no es un capricho sino una necesidad. Nosotros no podemos plantear nuestros desplazamientos en otro medio de transporte que no sea el marítimo o el aéreo. Gravar con otro impuesto algo que es una necesidad lo vemos injusto y posiblemente inconstitucional”.

Además " creemos que plantear esta opción es jugar con fuego y atacar en la línea de flotación del sector que más beneficios económicos reporta a Baleares, y al conjunto del país, el turismo. “No hay que olvidar que muchas familias viven de él, de manera directa o indirecta. Poner un impuesto que repercuta directamente en el consumidor perjudicará enormemente a muchas familias” ha incidido Mulet.

Este impuesto que ahora se plantea el Gobierno Central es el mismo al que se opuso el pasado mes de julio cuando Francia anunció su entrada en vigor a partir del 1 de enero de este año. Desde AVIBA  se preguntan por qué este cambio de opinión en tan solo seis meses.

“Somos los primeros que queremos poner soluciones al cambio climático pero no perjudicando al consumidor, que es quien menos lo merece y el que se siente indefenso, especialmente en territorios como el nuestro. Empezamos con el diesel, continuamos con los cruceros, ahora la aviación ¿qué será lo próximo?” , se pregunta Mulet.

En Francia la tasa va desde los 1,50 euros en billetes de clase turista dentro de la UE, 3 euros en destinos internacionales, hasta los 18 euros para los vuelos internacionales en primera clase o los 9 euros en clase preferente dentro de la zona comunitaria y supondrá 180 millones para el gobierno galo.