El Fiscal pide más de 4 años de cárcel para Ángel Varea: Prevaricación, malversación y tráfico de influencias

El Ministerio Fiscal pide cuatro años y medio de cárcel para el exconcejal del Partido Riojano Ángel Varea acusado de prevaricación, malversación y tráfico de influencias por la concesión, sin procedimiento negociado ni publicidad, de contratos a la empresa Jazzgroup.

En la causa, que se juzgará el próximo 24 de mayo, también están investigados el que fuera asesor de Varea, Erich Reiner, al que se le acusa de los mismos delitos; y el entonces gerente de Jazzgrup, Alberto Egaña, al que se le acusa de prevaricación y malversación.

Según relata el escrito de acusación, con ocasión de haber tomado posesión Varea y Reiner de sus cargos en el Ayuntamiento de Logroño (el primero como primer teniente de alcalde y concejal de Promoción de la Ciudad y Casco Antiguo; y el segundo como asesor adjunto) "decidieron beneficiar económicamente a la empresa Jazzgroup".

El Fiscal relata cómo era una "mercantil con la que nunca se había contratado anteriormente" y, para hacerlo, "acudieron al procedimiento negociado y sin publicidad" aún a sabiendas de que se trata de un procedimiento "excepcional" y lo hicieron "sin justificación alguna". A través del contrato, Logroño Turismo se comprometía a un pago mensual de 2.000 euros más IVA por un año a partir del 1 de enero, prorrogable por períodos anuales sucesivos.

Logroño Turismo, bajo ese procedimiento negociado sin publicidad, pidió presupuesto a tres empresas: Jazzgroup Comunicación S.L., que hizo una oferta por 24.000 euros, R&K Carácter Comunicacion, que la hizo por 25.200 euros, y Contraste Damberg Consulting Comunicación S.L., que fue de 31.200 euros.

Jazzgroup Comunicación y Damberg Consulting Comunicacion tienen como administrador único al también investigado Alberto Egaña; y R&K Carácter Comunicación tiene como administrador único al apoderado, consejero y secretario de Jazzgroup Comunicación S.L. "Por tanto", concluye el Fiscal, "al ser al menos dos de ellas empresas vinculadas entre sí, no se hizo oferta válida".

Siguiendo el relato de la acusación, ocurrió lo mismo para contratar la elaboración del folleto de vino y bodegas para su presentación en FITUR; así como con la contratación del patrocinio Logroño turismo con RIOJA2, cuyo único accionista en ese momento era la mercantil Corporación de Medios Digitales S.L., de la cual fue administrador solidario Alberto Egaña y tenía el mismo domicilio social que Jazzgroup Comunicación S.L.

Añade, también, cómo el 26 de febrero de 2008 se decidió dar una nueva imagen a la Fundación Logroño Turismo y, para ello, el 16 de abril de 2008 se contrató, de nuevo, a Jazzgroup por 10.295 euros. "Sorprendentemente", indica el Fiscal, "la factura había sido abonada el 12 de febrero, esto es, con anterioridad a la adjudicación".

Para el evento Catarsis Conciertos en Bodegas del 2008, se contrató "de manera directa y sin oferta ninguna" a Jazzgroup Comunicación por 4.864 euros. Sin embargo, El importe total pagado por la Fundación a JAZZGROUP por este concepto ascendió a 41.207,90 euros.

En total, durante el año 2008, Jazzgroup Comunicación S.L cobró de la Fundación Logroño Turismo 243.586,50 euros; durante el año 2009 ascendió a 257.059, 06 euros, en el año 2010 fueron 131.069,03 euros y en el 2011 fue de 28.320 euros.

La empresa R&K Carácter Comunicación S.L., que tampoco había presentado factura alguna hasta el 2009, en ese año facturó a la Fundación Logroño turismo 255.096,56 euros; en el 2010 asciende a 99.415,89 euros; y en el 2011 fue de 39.934,15 euros.

INCREMENTO DE LA PRESTACIÓN MENSUAL

El escrito del Fiscal añade cómo el contrato firmado en 2008 entre la Fundación Logroño Turismo y Jazzgroup S.L., por el que la primera se comprometía a pagar 2.000 euros mensuales al margen del cobro por cada proyecto adjudicado, era prorrogable por años enteros sucesivos. Sin embargo, indica el Fiscal, "en abril del 2010, sin mediar negociación alguna ni oferta pública ni adjudicación, por la Fundación se ordenó el incremento en la prestación mensual en un cincuenta por ciento, pasando a pagar mensualmente 3.000 euros y ocultándolo a la asesoría jurídica". "Este incremento no se documentó de ninguna manera; y ante la reticencia del gerente de la Fundación a proceder al pago, por parte tanto de Varea como por Reiner, se le ordenó directamente que el pago se hiciera en adelante en esa cuantía", afirma la acusación pública.

El Fiscal señala que las elecciones municipales se celebraron el 22 mayo del año 2011 y, "al percatarse de que no obtendrían respaldo popular para seguir en sus cargos, el 29 de abril de 2011 se destruyó la casi totalidad de la documentación de Logroño Turismo a través de una empresa de seguridad y sin la presencia de funcionario ni técnico municipal que lo controlase".

La Fundación Logroño Turismo desapareció el 29 de diciembre de 2011. Para el Fiscal, estos hechos constituyen delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias de los que cree responsables a Varea y Reiner.

A Alberto Egaña le cree autor de los delitos de prevaricación y malversación. A Varea le pide por el delito de prevaricación doce años de inhabilitación especial para empleo y cargo público. Por el delito de malversación tres años de prisión, y ocho años de inhabilitación para empleo y cargo público.

Por el delito de tráfico de influencias dieciocho meses de prisión, y multa de 24.000 euros con arresto sustitutorio de diez meses y pena de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público por tiempo de ocho años.

A Reiner por el delito de prevaricación diez años de inhabilitación especial para empleo y cargo público. Por el delito de malversación treinta meses de prisión, y ocho años de inhabilitación para empleo y cargo público. Por el delito de tráfico de influencias dieciocho meses de prisión, multa de 24.000 euros con arresto sustitutorio de diez meses y pena de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público por ocho años.

A Alberto Egaña, por el delito de prevaricación diez años de inhabilitación especial para empleo y cargo público. Por el delito de malversación treinta meses de prisión, y ocho años de inhabilitación para empleo y cargo público.