El abogado de una de las niñas intercambiadas en el hospital San Millán advierte al Gobierno de La Rioja

El abogado de una de las niñas intercambiadas en el hospital San Millán de Logroño, José Sáez Morga, ha manifestado que la compañía aseguradora del Servicio Riojano de Salud, "sólo tiene ingresado en la cuenta del procedimiento judicial un importe de 215.000 euros", cuando desde el Gobierno riojano se fijó una indemnización de 850.000 euros.

El letrado ha querido salir al paso de las declaraciones realizadas, el pasado 9 de febrero, por la consejera de Salud, María Somalo, indicando que el Ejecutivo riojano ordenó, a finales de diciembre, a solicitud de la parte demandante, a la compañía aseguradora el pago de 850.000 euros de indemnización fijada a una de las jóvenes intercambiadas en el hospital San Millán en 2002.

Seis días después, Sáez Morga ha señalado que la aseguradora tiene consignada la cantidad de 215.000 euros en el proceso judicial "ignorando el contenido de los contactos y posicionamientos que haya podido haber entre la Administración y la aseguradora, en el marco su responsabilidad solidaria".

Hay que recordar que a pesar de que el Consejo de Gobierno del 5 de octubre de 2022, fijó la indemnización para la clienta de este abogado de 850.000 euros, cuatro meses después denunció el letrado que no se había abonado. No obstante, esta cantidad supone "estimar, en parte, lo pretendido por su defendida, 3,01 millones de euros".

El despacho recordó que el artículo 98.1 de la Ley 39/2015, de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que "los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, aunque se recurran y sin que las excepciones legales se den en el caso".

Por ello, habiendo transcurrido casi cuatro meses desde la adopción y notificación de dicho acuerdo, "sin que la Administración ni la aseguradora Segur Caixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros hayan satisfecho importe alguno, y a pesar de haberse recurrido", el abogado requirió al Ejecutivo riojano "la ejecución del propio acto de dicho Consejo -de Gobierno- conforme al artículo 29 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo".