Algo más de 175.000 riojanos tendrán una rebaja en el IRPF de hasta 5 puntos en el ejercicio 2024

Es una de las medidas que incluye el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompañará a los Presupuestos Generales de La Rioja

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

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El Consejo de Gobierno ha aprobado remitir al Consejo Económico y Social, para que emita su dictamen, el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que acompañará a los Presupuestos Generales de La Rioja de 2024. Las claves del texto son aliviar la presión fiscal a los riojanos, eliminar el gasto público innecesario y agilizar el reparto de los fondos europeos.

En materia de Tributos, el proyecto incluye la reducción de tres puntos en los tramos de IRPF (0,5 por cada uno de los seis primeros tramos) y dos puntos adicionales (cuatro en total) a todos los contribuyentes riojanos con ingresos inferiores a 40.000 euros, para lo cual se ha adaptado la tarifa autonómica del impuesto. Según el consejero-portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, la medida beneficiará a 175.378 riojanos.

En lo que respecta a los fondos europeos Next Generation, el proyecto legislativo incorpora medidas para agilizar la gestión, ya que el grado de ejecución en la pasada legislatura fue de tan sólo el 20%. Así, las normas previstas facilitan la tramitación urgente de los expedientes, reducen plazos con carácter general o los adaptan al cumplimiento de los hitos y objetivos asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y permiten la creación de grupos de trabajo con fines de refuerzo constituidos por funcionarios.

Sobre eliminar gasto público innecesario, la Ley incluye la eliminación de la Agencia de Transición Energética y Cambio Climático que, según el consejero-portavoz, supone un gasto anual superior al millón de euros, aunque desde su creación, en 2022, no ha tramitado expediente alguno.

El Ejecutivo que preside Gonzalo Capellán considera que la Administración riojana tiene "suficiente capacidad" para desarrollar todas las políticas relacionadas con el cambio climático y, además, debe someterlas al control del Parlamento de forma periódica, "lo que no ocurre con la agencia pública creada durante la pasada legislatura".

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