La Rioja impulsa el empleo público con 1.037 nuevas plazas para colocar la temporalidad por debajo del 8%

El Gobierno de La Rioja "impulsa el empleo público" con la convocatoria de 1.037 nuevas plazas, que se unen a 334 de concurso de méritos

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

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El consejero de Administraciones Públicas, Celso González, ha destacado el impulso que su ejecutivo le ha dado al empleo público en lo que va de legislatura, en especial por la convocatoria de 1.037 nuevas plazas, que se unen a 334 de concurso de méritos.

El consejero ha ofrecido este lunes una conferencia de prensa en la que ha subrayado que el Gobierno de La Rioja cumple, con estas medidas, la legislación que le obliga a que antes del 1 de junio realice las ofertas de empleo necesarias para reducir la temporalidad en la administración por debajo del 8%.

Ahora mismo, ha detallado, la comunidad tiene una tasa de temporalidad en la administración del 32,5 %, la novena que menos de España, y cuando se complete este proceso bajará del 8%. "El Gobierno de La Rioja sigue firme en el impulso del trabajo de los empleados públicos para lograr una Administración más eficaz, moderna y transparente”, ha subrayado el consejero, que ha asegurado que el Ejecutivo riojano busca "recuperar las capacidades y el prestigio del servicio público”.

Ha repasado los "hitos" para la función pública que se han sucedido en la legislatura, que pasan por el acuerdo con los sindicatos para mejorar la calidad de las condiciones laborales de los empleados públicos, además de la eficacia y la productividad de la administración y avanzar en una legislación acorde a las necesidades actuales. González ha asegurado que el acuerdo con los sindicatos recoge 28 puntos y ya se han cumplido 25 de ellos.

Ha incidido en las tres ofertas de empleo público aprobadas, que incluyen la convocatoria de 489 plazas en 2019, 349 plazas en 2020 y 469 en 2021, que suman 1.037 en total, distribuidas en Administración Pública, Educación y Sanidad. Ha recordado que el Ejecutivo regional ha aplicado una subida salarial de un 0,9 % a los empleados públicos en 2021 y el 2 % en 2022.

Y ha destacado que en esta legislatura, Función Pública ha celebrado 158 mesas de negociación y ha llegado a 62 acuerdos con los representantes sindicales, algo que, ha dicho, contrasta conque en toda la anterior legislatura se convocaron 75 mesas y se alcanzaron 27 acuerdos.

El Gobierno regional ha diseñado un Plan de Formación con más de 300 acciones dirigidas a unos 7.000 empleados públicos. Ha incidido de forma especial en que en Administración General se han convocado tres concursos de méritos para la promoción interna con 334 plazas, algo que en algunos grupos no se producía desde hace más de una década. González ha subrayado que "las plazas son adjudicadas con absoluta imparcialidad por una comisión en la que están presentes todos los sindicatos, en atención a la valoración de los méritos propios del concurso. Por otro lado, ha incidido en que se van a estabilizar 1.332 plazas (556 en Administración General; 298 en Educación; y 478 en SERIS en cumplimiento de la Ley de Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público.

El director general de Función Pública, Manuel García, ha explicado que una vez que la oferta de empleo público se ha publicado antes del 1 de junio, como mara la Ley, espera que los procesos estén convocados antes de final de año y para ello ya negocian las bases con los sindicatos.

Respecto a las 1.332 plazas de estabilización, ha precisado que de las 556 de Administración General 130 serán por oposición y 426 por concurso; de las 298 de Educación serán 40 y 258, respectivamente; y de las 478 de Sanidad, 144 y 334, siempre en función de las que están ocupadas por interinos desde hace más de 3 años (por oposición) o más de 5 (por concurso). Los interinos que no superen esos procesos tendrán derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 meses.

Estos procesos se unen a los que desde hace unos días publican en el Boletín Oficial de La Rioja diferentes ayuntamientos, que también están obligados a aprobar los procesos antes del 1 de junio.