Macrojuicio en La Rioja por tráfico de drogas: La fiscal se opone anular las intervenciones telefónicas

Las defensas de los acusados de tráfico de drogas y banda criminal han solicitado la nulidad de las intervenciones telefónicas, y de todas las pruebas directas e indirectas conseguidas con ellas, por considerar que no estuvieron justificadas.

La Audiencia Provincial celebra la primera vista oral del juicio a veinte acusados de pertenecer a una banda criminal dedicada al tráfico de drogas en diversos municipios de La Rioja, País Vasco y Navarra y que ayer hubo de suspenderse por considerar las defensas que la sala no cumplía el protocolo anti-COVID.

La sesión ha comenzado con las cuestiones preliminares, en las que las defensas han coincidido en considerar inconstitucionales las intervenciones telefónicas con las que comenzó la investigación y, por tanto, las pruebas conseguidas con ellas.

Así, apoyándose en la teoría del 'árbol contaminado' han argumentado que las pruebas estarían contaminadas por la injustificación de las intervenciones tanto al teléfono fijo como al móvil del acusado J.A.H, en cuyo domicilio de Lardero se centralizaría el tráfico de speed.

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Las defensas de los acusados de tráfico de drogas y banda criminal piden anular las intervenciones telefónicas

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Ante esta cuestión, la fiscal del caso ha negado esta máxima y se ha opuesto a la nulidad, considerando que el auto que motivó las intervenciones telefónicas del 16 de enero de 2019 está motivado, ya que "consigna los indicios más allá de la mera sospecha" y no vulnera ningún principio.

En esta primera sesión, el abogado de un acusado ha pedido, al igual que otros letrados, la nulidad de las escuchas telefónicas, ya que su defendido no reconoce las mismas y, "si hubieran sido ciertas, se ha hecho por parte de la Policía una lectura voluntarista de lo que ahí se dice".

La letrada de otro acusado ha considerado que estas intervenciones telefónicas son "una vulneración de la inviolabilidad de las comunicaciones", por lo que "nunca se debieron autorizar estas intervenciones".

Después de que varios abogados hayan realizado la misma solicitud, la fiscal ha mostrado su oposición a la misma por considerar que "el auto de las intervenciones telefónicas está motivado, ya que consigna los indicios más allá de la mera sospecha"; y ha incidido en que estas escuchas "no vulneran ningún principio".