EL TSJR rechaza la cautelarísima para la hostelería y el ocio nocturno de La Rioja

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) acuerda no conceder la cautelarísima en el recurso interpuesto por la hostelería y el ocio nocturno contra las últimas medidas sanitarias aprobadas por el Gobierno regional, después de que se levantara el estado de alarma el pasado 9 de mayo.

La Sala estima que "no puede apreciarse el presupuesto procesal de especial urgencia que exige el art. 135 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, dado que las medidas recurridas no suponen una supresión de la actividad económica de la hostelería sino restricciones a la misma".

El Tribunal ha dado traslado para alegaciones al Gobierno regional porque considera que "las medidas solicitadas son de tal relevancia social que requieren oír a la administración demandada, máxime cuando se puede resolver la medida en breve tiempo".

El Gobierno dispondrá de cinco días para presentar sus alegaciones a la solicitud de los recurrentes.

La normativa vigente establece que cuando por un tribunal de justicia no se aprecia la cautelarísima, se contemplará la tramitación de medidas cautelares. Así, en este caso concreto, la Sala resolverá sobre si adopta medidas cautelares o no, una vez haya deliberado sobre lo que solicitan la hostelería y el ocio nocturno y las alegaciones que presente la administración autonómica.

Recordamos que las asociaciones de Hostelería Riojana y Discotecas, Salas de Fiestas y Ocio Nocturno, integradas en la Federación de Empresarios de La Rioja (FER), decidieron finalmente presentar este lunes el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), como ya anunciaron la semana pasada, contra el nuevo Plan de Medidas Según Indicadores (PMI).

También solicitaron al Tribunal "la adopción de medidas cautelarísimas, ya que muchas de las medidas del PMI causarán al sector daños irreparables mientras se sustancia el recurso". Recuerdan, en este sentido, que "así lo habían anunciado ya los representantes de ambos sectores, Francisco Martínez-Bergés y Antonio Cendra, acompañados por el abogado y asesor jurídico del despacho Soriano Zueco Abogados, Adolfo Alonso de Leonardo-Conde".