La tasa de basuras, en el punto de mira

En plena tramitación de los presupuestos y las ordenanzas fiscales de los ayuntamientos para el año 2024, ya han empezado a sonar las alarmas de las subidas generalizadas de los impuestos municipales para el próximo año. Estos días se viene hablando mucho de la tasa de basuras, que en muchos casos es deficitaria. Es decir, la suma del total recaudado no cubre el conjunto de gastos generados por la prestación del servicio. Y se habla de subidas incluso superiores al 20%. Se justifican estos aumentos por la entrada en vigor de la ley estatal de residuos para una economía circular. De ello vamos a hablar hoy con Julen Rekondo.

En plena tramitación de los presupuestos y las ordenanzas fiscales de los ayuntamientos para el año 2024, ya han empezado a sonar las alarmas de las subidas generalizadas de los impuestos municipales para el próximo año. Ya viene siendo habitual que, después de las elecciones locales, los nuevos consistorios aprovechen para subir significativamente sus ingresos tributarios el primer año de mandato, ya sea para poder sacar adelante todas las promesas hechas en campaña o para reducir las deudas de los anteriores equipos de gobierno. En todo caso, el hecho de que las siguientes elecciones municipales no sean hasta dentro de cuatro años, también ayuda a adoptar esta decisión.

Sin embargo, este año está cogiendo protagonismo la tasa de basuras, tributo que los ciudadanos pagamos por la recogida y tratamiento de los residuos urbanos. Esta tasa, como el resto de tasas, es la contraprestación que los usuarios y beneficiarios de un servicio público abonan por la prestación del servicio. Sería muy similar al precio que como consumidores pagamos por recibir un servicio personal, con la particularidad de que aquí el prestador es la Administración y la suma de todos los precios que los "clientes" pagamos tiene que cubrir el coste del servicio sin posibilidad de superarlo.

Normalmente, la tasa de basuras suele ser deficitaria, es decir, la suma del total recaudado no cubre el conjunto de gastos generados por la prestación del servicio. Una parte importante de este desajuste se debe a los recibos impagados, ya sea por errores en la gestión o por insolvencia, y otra por la desviación al alza de los costes definitivos de la actividad de recogida, los cuales se conocen al finalizar el ejercicio una vez recaudada la tasa de acuerdo con las previsiones hechas un año antes y, como no se acaban cumpliendo, la cuantía final ingresada acostumbra a ser insuficiente.

El actual protagonismo de la tasa de basura resulta de los fuertes incrementos de las cuotas a pagar que se anuncian para el próximo año, en algunos casos superiores al 20%. Se justifican estos aumentos por la entrada en vigor de la ley estatal de residuos para una economía circular. De acuerdo con el articulado de dicha ley, las entidades locales tienen que aprobar, en un plazo de tres años, una tasa específica y no deficitaria que permita establecer un sistema de pago por generación, el cual refleje el coste real directo de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos.

El pago por generación significa que cada hogar y establecimiento tendría que contribuir en función de su generación real de residuos, haciendo realidad la máxima de quien más contamina, más paga, y no como hasta ahora que en la mayoría de municipios se paga una cuota lineal sin tener en cuenta la cantidad de residuos que cada uno genera.

El Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos de la Fundación ENT ha publicado el estudio “Las Tasas de Residuos en España 2023”, de los investigadores Irene Castells, Pablo Pellicer e Ignasi Puig. En su elaboración, se han analizado las tasas domiciliarias y comerciales de una muestra de 131 municipios, incluidas todas las capitales de provincia.

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, establece que en 2025 se debe instaurar de manera obligatoria “una tasa o prestación patrimonial de carácter público, no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria” que refleje el coste real de las operaciones de recogida, gestión y tratamiento de residuos.

Si bien la mayoría de entidades locales ya disponen de tasas de residuos o de una figura similar específica, en general están muy lejos del objetivo legal de la cobertura de costes. La cobertura media de costes estimada en 2021 fue del 58,8%, muy lejos del 100% exigido legalmente a partir de 2025.

La recaudación en España en concepto de tasas de residuos (u otras figuras cobratorias) para la recogida y tratamiento -tanto domiciliarios como comerciales- para 2021, incluyendo todas las entidades locales, municipales y supramunicipales que presentan datos, fue de 2.251 millones de euros, mientras que los gastos totales serían de 3.828 millones de euros.

Potencialmente, las tasas de residuos pueden ser uno de los instrumentos locales más eficaces para la promoción de buenas prácticas ambientales en materia de prevención y separación de residuos. Si una parte variable de la tasa se vincula directamente a la generación y a la correcta separación de los residuos en origen (lo que se conoce como sistemas de pago por generación) se crea un incentivo económico para que la ciudadanía participe de estas prácticas. Si bien la Ley 7/2022 menciona, por primera vez en una normativa estatal, los sistemas de pago por generación, su aplicación hasta la fecha en España es testimonial, a diferencia de lo que sucede en los países más avanzados en materia de gestión de residuos. Así, en diversos países europeos, como Suiza, Alemania, Italia, Austria, Dinamarca y Holanda, se ha extendido el sistema de pago por generación, y nos encontramos con ciudades como Berlín, Milán, Bruselas, Múnich, Graz, Viena o Dublín, que funcionan así. Por tanto, el pago por generación no es una utopía, y se ha interiorizado este sistema de pagar 'en función a lo que tiras´. Pero, por aquí, nada de nada. Es el caso de Navarra, donde la Ley Foral de Residuos y su Fiscalidad, que fue aprobada el 7 de junio de 2018 de forma exitosa por el Parlamento de Navarra, contempla el llamado pago por generación que responde al principio 'quien contamina, paga´, pero no se ha aplicado.

Por el contrario, un 50,4% de los municipios analizados cuentan con un modelo de tasas con cuotas fijas (todos los domicilios pagan lo mismo, independientemente de si realizan o no separación de residuos). Aplicar una cuota fija implica que los domicilios que generan menos y reciclan más residuos están subvencionando implícitamente a aquellos con peores prácticas ambientales en materia de residuos.

Existen varios métodos para conocer la cantidad de residuos generados por cada uno, ya sea poniendo el foco en el cubo o la bolsa de basura, como sería el caso de los sistemas de recogida puerta a puerta, los cuales tienen en cuenta el volumen o peso de los residuos así como la frecuencia de la recogida. Mientras que otros métodos ponen el foco en los usuarios, mediante contenedores inteligentes que miden el peso de los residuos o la frecuencia de uso a través de la identificación de los usuarios cada vez que los utilizan, ya sea mediante tarjetas magnéticas o códigos de barras.

En todo caso, la adopción de estos nuevos sistemas de recogida, más sofisticados, sería el argumento que se utiliza para justificar el incremento de la nueva tasa. Ahora bien, el objetivo de la ley es fomentar la recogida selectiva, el reciclaje y la reducción de los desechos generados por los ciudadanos, dado que la nueva tasa tendría que "premiar" aquellos contribuyentes que generan menos residuos, lógicamente con una reducción de la cuota a pagar. Es decir, el objetivo de conocer cuánta basura genera cada uno es poder exigir más a quién más residuos genera y menos a quienes generan menos.

Por todo ello, donde se tendría que poner el foco de la nueva tasa de basuras no sería tanto en el aumento de la misma derivado de los mayores costes de implementar sistemas más personalizados de recogida de residuos, sino en las reducciones de la cuota que tendrán aquellos que generen menos residuos y como se aplicarán, de forma que los contribuyentes sepan cómo hacerlo y, sobre todo, que lo puedan hacer. Por lo tanto, el espíritu de la ley estatal no busca que los ayuntamientos ingresen más, sino que los ciudadanos generen menos basura, incentivados con la posibilidad real de que si lo hacen pagarán menos tasa.

Por todo ello, la nueva tasa de basura tendrá que reconocer y premiar a todos aquellos que reduzcan y generen menos residuos, puesto que, en caso contrario, no solo será una tasa más cara sino también injusta y, por lo tanto, impugnable.

Julen Rekondo, experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente