9.000 familias navarras pioneras en fotovoltaica no serán compensadas por los recortes, mientras que los fondos internacionales sí

Anpier, la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos, inicia una nueva edición de su recorrido anual por las CCAA para actualizar el estado del sector fotovoltaico en cuanto a tecnología, mercado, funcionamiento, regulación y perspectivas. En estas jornadas se destaca la situación singular de injusticia que sufren las 65.000 familias pioneras de la producción fotovoltaica en España, 9.000 de ellas navarras, que no serán compensadas, salvo una decisión de carácter político, por los drásticos recortes retroactivos que soportan; mientras que cada semana se conoce un nuevo laudo favorable a algún demandante internacional. Situación que provoca un agravio comparativo sin precedentes.

De los 52 demandantes internacionales, 26 ya cuentan con un laudo final favorable, que supondrá para el Estado español, hasta la fecha, un desembolso de 2.000 millones de Euros; además del descrédito de aplicar recortes retroactivos en un sector regulado esencial y, tras someterse a los procesos arbitrales, superar a Rusia y a Venezuela como país con mayor incumplimiento de sentencias arbitrales. Reino Unido, Australia, Bélgica y EE.UU. ya han iniciado procedimientos legales para garantizar a estos inversores sus derechos frente a España.

Hace 15 años, el Estado español se lanzó a promover la instalación de fuentes de generación renovable, con la intención de combatir la emergencia climática e iniciar una transición energética hacia un modelo eléctrico y renovable, en el que nuestro país contaba con importantes ventajas competitivas -por su territorio, su sol y su viento- y evitaba la enorme dependencia energética del exterior, que lastraba nuestra balanza comercial.

Esa decisión de Estado tenía como objetivo primordial madurar las tecnologías renovables y poner en marcha un tejido industrial tecnológico innovador. El resultado ha sido el esperado: España es líder en penetración de generación renovable, su industria solar y eólica son referencia internacional, se ha dado un paso decisivo en la transición ecológica y el precio que han de pagar familias y empresas por la energía en España ha caído a cotas impensables, gracias a la nueva producción de energías limpias, incluso son muchos los días del año que registran horas a precios cero o negativos.

Esta extraordinaria transición energética solo se completará con éxito cuando se acuerde una solución consensuada, definitiva e igual para quienes movilizaron el capital que fue necesario para impulsar este trascendental proceso: los inversores internacionales y las 65.000 familias fotovoltaicas pioneras españolas, que destinaron sus ahorros e hipotecaron sus hogares para poner en marcha las primeras instalaciones, que eran imprescindibles para que el proceso de la descarbonización se pudiera poner en marcha.

El proceso de desarrollo e implantación de renovables es nuestro país se impulsó en el año 2007; pero, tan solo dos años después de que se pusieran en marcha dichas instalaciones, se inició un proceso de desprestigio contra ellas que tuvo como esperado colofón un carrusel de recortes retroactivos que ha supuesto recortes de hasta el 50% de los ingresos esperados. En aquellos años se señalaba que las renovables eran muy caras, y un lastre para el sistema eléctrico y el consumidor, sin que ahora se diga que ese esfuerzo de unos pocos años supone actualmente ahorros de magnitud muy superior, unas ventajas que han venido para quedarse de forma permanente en forma de energía eléctrica muy barata, independencia energética y ventajas competitivas en nuestra economía.

Los inversores internacionales no vieron conveniente acudir a la justicia española, como inevitablemente debieron hacer los nacionales, en cuyas instancias perdieron cualquier posibilidad de reparación frente a argumentos por parte del Estado que no han parecido aceptables en la Corte de Arbitraje del Banco Mundial en Washington, instancia a la que acudieron de forma masiva los inversores foráneos y en la que sí están logrando laudos favorables, que condenan al Estado español a repararles los daños sufridos por estos cambios normativos retroactivos.