Esperan una VPT y VPO que se retrasa y ahora les anuncian una subida de precio: “Atados de pies y manos”

Las viviendas protegidas de la promoción de Maristas en Pamplona siguen generando quebraderos de cabeza para las personas que resultaron adjudicatarias. Al retraso que ya era conocido y que es complicado de llevar, ahora hay que sumarle unos posibles sobre costes que preocupan a las futuras personas propietarias.

En COPE Navarra hemos hablado con un adjudicatario de la promoción de VPO y VPT de Maristas, que habla en representación de una parte de los socios cooperativistas. Reconoce que "en ninguno de los casos te esperas un problema así".

ESCRITO DE LOS PROPIETARIOS

Los futuros propietarios de las viviendas protegidas en la promoción de Maristas en Pamplona queremos expresar nuestra profunda preocupación e indefensión ante la situación que estamos viviendo debido a la gestión de la promotora delegada Grupo Arrasate y la falta de medidas efectivas por parte del Gobierno de Navarra.

Como adjudicatarios, somos, sobre el papel, los promotores de este proyecto. Sin embargo, en la práctica, nos encontramos atados de pies y manos por una gestora que no solo nos impide maniobrar, sino que tampoco nos facilita la información necesaria para la toma de decisiones. En lugar de actuar con la transparencia y diligencia que cabría esperar en un proceso de estas características, juegan con nuestra necesidad de vivienda y con los márgenes de tiempo, forzándonos a asumir sobrecostes injustificados sin margen de negociación ni explicación clara.

Cabe destacar que, en el momento de la firma de los contratos, la promotora nos obligó a constituirnos como cooperativistas como única opción para poder acceder a la vivienda protegida, sin alternativa real. Ahora, esa misma condición impuesta por la promotora es utilizada como excusa para trasladarnos la responsabilidad de los sobrecostes de la construcción, a pesar de que la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra, prohíbe expresamente que los futuros propietarios de VPO y VPT deban asumir estos sobrecostes. Esta maniobra nos deja en una posición de total indefensión, obligándonos a soportar una carga económica que no nos corresponde y que vulnera nuestros derechos como adjudicatarios de vivienda protegida.

Desde el inicio del proyecto, hemos cumplido con nuestras obligaciones, confiando en que se respetarían las condiciones pactadas y que nuestras viviendas serían entregadas en los términos establecidos. Sin embargo, la realidad es muy distinta:

1. Retrasos injustificados: A pesar de que la calificación provisional de las viviendas protegidas fue otorgada en mayo de 2023, las obras aún no han comenzado. Mientras tanto, las viviendas libres de la misma promoción, que forman parte del mismo plan urbanístico, están prácticamente finalizadas.

2. Sobrecostes impuestos a los adjudicatarios: La promotora delegada está trasladando a los futuros propietarios los sobrecostes de la construcción, cuando la responsabilidad de asumir estos costes no nos corresponde. Nos encontramos en una posición de extrema vulnerabilidad, obligados a sufragar gastos adicionales que no dependen de nuestra gestión ni de nuestra voluntad.

3. Falta de transparencia y control: Pese a nuestra condición de promotores, la gestora nos bloquea cualquier intento de maniobra, impide el acceso a la información que solicitamos y nos fuerza a aceptar decisiones sin alternativa real. Nos encontramos en una situación de absoluta indefensión, sin capacidad de intervenir en la gestión de un proyecto que, en teoría, debería estar bajo nuestro control.

4. Vulneración del derecho a la vivienda: La Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a la vivienda en Navarra, establece con claridad que el acceso a una Vivienda de Protección Oficial debe realizarse en condiciones de equidad y sin que los compradores sean objeto de prácticas abusivas. En este sentido, el traslado de sobrecostes a los futuros propietarios es ilegal, y exigimos que se garantice el cumplimiento de la normativa vigente.

5. Falta de responsabilidad por parte del Gobierno de Navarra: Si bien la consejera Begoña Alfaro ha señalado públicamente a la promotora como responsable del retraso en la construcción, no se ha articulado ninguna medida concreta que nos proteja como adjudicatarios frente a los perjuicios económicos y emocionales que estamos sufriendo. Es inadmisible que la única solución planteada pase por que seamos nosotros quienes asumamos la carga económica de la mala gestión de terceros.

Ante esta situación, exigimos lo siguiente:

Que el Gobierno de Navarra garantice el cumplimiento de la Ley Foral 10/2010 y proteja a los futuros propietarios de VPO y VPT de prácticas ilegales, impidiendo que la promotora delegada nos imponga sobrecostes ajenos a nuestra responsabilidad.

Que se tomen medidas urgentes para obligar a la promotora delegada Grupo Arrasate a iniciar de inmediato las obras de las viviendas protegidas, cumpliendo con los plazos y condiciones establecidas en el Plan Especial de Actuación Urbana de Maristas.

Que se nos garantice transparencia total en la gestión del proyecto, permitiéndonos acceder a la información y tomar decisiones sobre nuestra propia promoción, tal como nos corresponde como adjudicatarios.

Que se ofrezcan garantías a los adjudicatarios afectados, evitando que se nos utilice como medio para absorber las pérdidas o desviaciones presupuestarias de la promotora delegada.

No aceptamos ser víctimas de una situación que no hemos generado. Las viviendas protegidas existen para facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible, no para que los futuros propietarios asuman riesgos y sobrecostes que corresponden a la promotora delegada.

Que no se permita en ningún caso la desvinculación de la licencia de las viviendas libres de la licencia de las viviendas de protección oficial y de protección tasada, asegurando así que el proyecto cumpla con el equilibrio urbanístico y social previsto en el Plan Especial de Actuación Urbana de Maristas.

En caso de que no se adopten medidas urgentes, nos reservamos el derecho a emprender acciones legales y administrativas para la defensa de nuestros derechos y la protección de nuestra inversión.