Bizkaia regularizó 313,4 millones de euros en las actuaciones realizadas en 2020 contra el fraude fiscal

La Hacienda de Bizkaia realizó durante el ejercicio 2020 un total de 457.681 actuaciones enmarcadas en el Plan de Lucha Contra el Fraude Fiscal, con las que regularizó 313,4 millones de euros que no habían sido ingresados a las arcas forales. El diputado José María Iruarrizaga ha puesto en valor que se haya realizado un número de actuaciones similar al de años anteriores en un ejercicio completamente condicionado por la pandemia del COVID-19. Según ha recordado, no sólo por la suspensión de procedimientos administrativos o la modificación de plazos tributarios, sino especialmente porque desde marzo de 2020 la Hacienda Foral ha redirigido su principal esfuerzo a diseñar, aprobar y poner en práctica medidas tributarias de ayuda a los contribuyentes afectados por la crisis.

Las actuaciones realizadas se corresponden a tres grandes ámbitos; prevención, obtención de información y regularización, y tanto Iruarrizaga como el director de la Hacienda Foral, Iñaki Alonso, han considerado fundamentales los dos primeros, ya que se traducen en una mejor asistencia a la ciudadanía -caso de la próxima campaña de renta- y en el incremento de la recaudación ordinaria.

En ese sentido, han recordado que el objetivo del plan de lucha contra el fraude es conseguir que cada contribuyente aporte voluntariamente lo que le corresponde al sostenimiento de los servicios públicos, sin que sea necesario que la Hacienda Foral tenga que regularizar su situación. De este modo, los buenos resultados de la prevención y la obtención de información producen un resultado inverso en el ámbito de la regularización.

Empresas de territorio común comercializadoras de combustibles

Un buen ejemplo de esa relación inversa entre prevención y regularización es el ingreso obtenido de 35 empresas de territorio común, dedicadas a la comercialización de combustible adquirido en depósitos fiscales de Bizkaia. Desde el año 2011, y contra el criterio de la Hacienda Foral de Bizkaia, esas empresas entregaban a la Agencia Tributaria el IVA repercutido en sus ventas al consumidor final. Esa discrepancia entre las dos administraciones tributarias fue resuelta por la Junta Arbitral del Concierto Económico y ratificada en 2017 por el Tribunal Supremo, estableciendo el punto de conexión de ese IVA en el depósito fiscal, y atribuyendo por lo tanto su recaudación a la Hacienda Foral de Bizkaia.

En los últimos ejercicios, las actuaciones realizadas por la Hacienda Foral en base a esa sentencia han generado un doble efecto:

De modo similar al de las comercializadoras de combustible, aunque por importes sustancialmente inferiores, en la comparativa de las regularizaciones obtenidas en 2019 y en 2020 también ejerce el mismo efecto las actuaciones realizadas sobre las retenciones de trabajo de la Dirección General de la Seguridad Social. Por este concepto, entre 2018 y 2020 se han regularizado 71,1 M€ correspondientes a ejercicios anteriores que habían sido ingresados en la Agencia Tributaria y no en la Hacienda Foral.

La importancia de las actuaciones realizadas en los últimos años en este ámbito radica en que han permitido que actualmente la Hacienda Foral esté ingresando en vía voluntaria cantidades importantes que anteriormente debía recuperar puesto que, una vez que una conducta se regulariza, ya no vuelve a aparecer en los resultados de la lucha contra el fraude, sino que se integra en la recaudación ordinaria.

Otras actuaciones destacadas

Entre las actuaciones preventivas realizadas en 2020 cabe destacar que 3.608 estudiantes de ESO y Bachillerato han participado en el módulo de educación tributaria impartido por 114 centros educativos de Bizkaia. Así mismo, en el pasado ejercicio la Hacienda Foral culminó el desarrollo de tres proyectos fundamentales para facilitar que la ciudadanía cumpla adecuadamente con sus obligaciones tributarias, lo que debería llevar a su vez a un incremento de la recaudación en vía voluntaria y a una reducción de las cantidades a regularizar. Esos tres proyectos, que incluyen controles informáticos que impiden o dificultan la comisión de fraude fiscal, son: