El Crimen de Orozko: Un pueblo bajo la ley del silencio

En la víspera de la festividad de Santa Águeda, el cuerpo sin vida de Aureliano Letona, un guarda forestal de 55 años, fue hallado en las frías aguas del río Altube, a su paso por el municipio vizcaíno de Orozko. Desnudo de cintura para abajo y con evidentes signos de violencia, su muerte marcó el inicio de uno de los casos más oscuros y controvertidos de la historia reciente del País Vasco, un crimen que, pese a ser juzgado, sigue envuelto en misterio y silencio más de cuatro décadas después.

Una noche de burlas que acabó en tragedia

Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia, los hechos tuvieron lugar en el corazón del pueblo, en un ambiente festivo que pronto se tornó macabro. Un grupo de once personas se convirtió en Letona en blanco de burlas públicas en la plaza de Ibarra. Lo que comenzó como una supuesta broma pesada escaló hasta la violencia extrema: golpes con una makila, cortes de pelo con tijeras de esquilar ovejas, agresiones con un leño encendido, un fuelle y un atizador de hierro. Aureliano intentó huir, pero fue perseguido por lo que el fallo describió como “una auténtica jauría humana”. El golpe final, mortal, lo dejó inconsciente.

Horas después, mientras los agresores seguían bebiendo en un bar cercano, algunos decidieron subir el cuerpo a un viejo Land Rover con la intención de llevarlo al Hospital de Cruces. Sin embargo, antes de salir del municipio, cambiaron de plan: creyéndolo muerto, lo arrojaron al río en el barrio de La Cadena. Allí fue encontrado al día siguiente.

¿Quién era Aureliano Letona?

Aureliano Letona trabajó como guarda del ICONA, el Instituto de Conservación de la Naturaleza de la era franquista, cuyas competencias pasaron al Gobierno Vasco en 1979, lo que le supuso un notable aumento de sueldo. Según testimonios de su viuda, Mari Carmen, Letona era un hombre que solía alardear de su salario en público, un hábito que, sumado a su afición por el alcohol, le granjeó enemistades. No era raro que llegara a casa con lesiones, incluidas costillas rotas, fruto de altercados. Su papel como controlador de actividades forestales tampoco lo hacía popular entre algunos vecinos de Orozko, un pueblo rural de apenas 2.000 habitantes donde todos se conocían.

Una “Fuenteovejuna a la inversa”

El caso, que inicialmente pasó desapercibido para la prensa, cobró notoriedad años después por el hermetismo con el que el pueblo intentó sepultarlo. El entonces presidente de la Audiencia Provincial, Joaquín Giménez, lo definió como “un Fuenteovejuna a la inversa”: un crimen cometido a la vista de muchos, por personas conocidas –un pastor, un agricultor, un metalúrgico, un empleado de banca, un psicólogo, entre otros–, pero en el que nadie pidió disculpas ni rompió el silencio.

En 1981, en los albores de la democracia tras la muerte de Franco, las instituciones vascas estaban en formación. La Ertzaintza aún no existía –no abriría su primera comisaría hasta 1982–, y la investigación recayó en la Guardia Civil, un cuerpo mal visto en zonas rurales nacionalistas. Nadie colaboró, y el caso quedó estancado.

El giro inesperado

Seis años después, en 1987, cuando el suceso parecía olvidado, Mariano Urquijo, uno de los implicados, consumido por el remordimiento, confesó en la comisaría de la Ertzaintza en Durango. Acusó a otras diez personas y relató los hechos con detalle. Para entonces, la Ertzaintza llevaba cinco años operativa, pero su experiencia en casos criminales era escasa, centrada principalmente en el tráfico. La investigación fue asumida por un grupo experimental de agentes liderado por José Luis Loroño, un profesor de gimnasia sin formación policial, y dirigida judicialmente por Juan del Olmo, un juez de 28 años recién llegado a Durango.

La confesión llevó a once personas al banquillo, pero el proceso estuvo plagado de irregularidades: interrogatorios sin abogados, presiones a testigos y una instrucción judicial que Giménez calificó de “diseño acabado de lo que no debe ser una investigación”. En 1993, tras doce años de instrucción, la vista oral llegó a su fin. Los acusados y testigos se retractaron, alegando coacciones policiales, y el pueblo cerró filas. Nadie vio ni oyó nada.

Sentencia sin justicia

Pese a las pruebas forenses que confirmaban las brutales agresiones, las deficiencias procesales desmontaron el caso. Siete acusados fueron condenados a un año de prisión por lesiones e imprudencia temeraria, pero ninguno pisó la cárcel. Urquijo, por su colaboración, recibió seis meses. Tres fueron absueltos. La viuda recibió una indemnización de 25 millones de pesetas, muy por debajo de lo solicitado.

El juez Giménez lamentó que, doce años después, el único consuelo para la familia fuera económico. En 1993, varios condenados aparecieron en televisión mostrando nula contrición. La sentencia atribuyó la tragedia a la embriaguez de Letona, al ambiente festivo y a “la tosquedad de los sentimientos” de los implicados, un lenguaje que hoy sería impensable.

la última amenaza

César Charro, experto en seguridad, analiza el caso para COPE y concluye que “se ha avanzado mucho. La profesionalización de los cuerpos policiales, el ADN, la conciencia social y la madurez institucional habrían cambiado el desenlace. En aquel momento, la muerte de Aureliano Letona nos quedó grande a todos”. Sin embargo, el eco del crimen persiste: en 2015, un agente forestal recibió una advertencia de un vecino en Orozko: “Ojo, que aquí se mató a un forestal”. Fue la última amenaza.