Denuncian próximo desahucio de una vecina de Barakaldo "víctima de violencia machista con tres hijos menores"

El centro asesor de la mujer Argitan y la plataforma contra la exclusión Berri-Otxoak se han concentraban ayer miércoles ante las oficinas de Alokabide en Bilbao, para denunciar que la sociedad pública de alquiler del Gobierno Vasco ha instado el procedimiento de desalojo de una mujer barakaldesa con tres hijos menores, "víctima de violencia machista y en situación de vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales municipales".

Según han dado a conocer, la orden de desahucio ha sido fijada para el 21 de mayo, a las 9.15 horas, "pese a la ampliación de las políticas de la moratoria y suspensión de desahucios para colectivos vulnerables".

Las asociaciones convocantes de la concentración han denunciado que "durante el estado de alarma, ni con la sucesiva aprobación de más normativa para esta problemática han cesado los desahucios y, a pesar de que el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre contemplaba la paralización de los lanzamientos para personas en situación vulnerable, sin importar si ésta era o no derivada de la pandemia, estas situaciones continúan y el desahucio de esta vecina de Barakaldo es una prueba de ello".

Asimismo, han recordado que "esta normativa obliga a las comunidades autónomas a garantizar el realojo inmediato de personas en situación de vulnerabilidad acreditada en una vivienda, excluyendo albergues o centros de acogida, en caso de llevarse a cabo un desahucio y prohíbe la ejecución del mismo si no hay una vivienda digna disponible para tal fin".

Con la fecha del desahucio fijada en pleno estado de alarma y a un mes de su ejecución, "ni los servicios sociales del Ayuntamiento de Barakaldo ni el Ejecutivo autonómico han ofrecido una alternativa habitacional a esta mujer víctima de violencia machista", han denunciado.

Tanto Argitan como Berri-Otxoak han advertido de que Alokabide está "incumpliendo la actual legislación ante la problemática de los desahucios, que contempla la obligación institucional de poner a disposición de las familias afectadas una alternativa habitacional digna, obligación que nunca se cumple, salvo mediante la presión social".