La Guardia Civil interviene más de 100.000 euros sin declarar en el puerto de Bilbao

Guardias civiles de la Compañía Fiscal y de Fronteras del puerto de Bilbao junto a funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, actuado ambos en calidad de Resguardo Fiscal del Estado, bajo la dependencia funcional de la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. del País Vasco, intervinieron en dos actuaciones diferentes y en un lapso de tiempo de dos días, cerca de 112.000 euros en varias divisas.

La primera operación se desarrolló, el pasado 10 de agosto, cuando investigadores de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera se encontraban controlando el embarque de vehículos y mercancías en el ferry que une el puerto de Bilbao con el de Rosslare (Irlanda).

En el marco de las actuaciones realizadas, los investigadores fiscalizaron un vehículo con matrícula ucraniana, localizando en el interior de una maleta más de 67.000 dólares americanos, 10.000 francos suizos, más de 12.000 euros y 13.500 libras esterlinas, con un montante cercano a los 100.000 euros al cambio.

Solicitaron al conductor del vehículo el documento aduanero de declaración de movimientos de pago (S-1), quien manifestó no poseerlo, por lo que se procedió a la intervenir el dinero.

Segunda intervención

La siguiente actuación ocurrió el 12 de agosto, durante el registro de un vehículo que desembarcaba de un buque procedente del Reino Unido, hallándose en el interior de una mochila propiedad del conductor, cerca de 10.500 libras esterlinas y más de 400 euros, que al cambio supusieron cerca de 12.500 euros. Al igual que en el caso anterior, esta persona no presentó a los agentes la debida declaración obligatoria de movimientos de pago por lo que el dinero le fue intervenido.

Las sumas de las dos intervenciones monetarias dan un resultado cercano a los 112.000 euros al cambio.

Las dos personas fueron denunciadas ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión para la prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, siendo la sanción a la que se enfrentan de hasta el 50% del valor de los medios de pago empleados.