El Ayuntamiento de Cartagena rechaza por unanimidad la granja acuícola frente a La Azohía e Isla Plana

El pleno del Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado por unanimidad este jueves una declaración institucional de rechazo a la instalación de una granja acuícola frente a las costas de La Azohía e Isla Plana al entender que afectaría a la pesca tradicional como la almadraba, a los fondos marinos, al paisaje y al turismo y otra de apoyo a la creación junto al Gobierno de Murcia de aulas abiertas para niños con discapacidad y de mejora de las existentes que garantice su equitativa distribución por el municipio.

Ha ratificado la declaración de especial interés municipal de la construcción de nueva planta de biocombustibles avanzados de Repsol en la refinería de Escombreras, lo que supone rebajarle un 55 % el permiso de obras, con los votos favorables del Gobierno del PP y de Vox y en contra de MC, PSOE y Sí Cartagena.

Con el voto en contra de la oposición sale adelante la modificación de las ordenanzas fiscales de impuestos y tasas municipales, que contempla incrementos en esa bonificación hasta el 35 % para pymes con más de 5 empleados y al 30 % para autónomos, con 15 puntos porcentuales extra para empresas certificadas como proveedoras de la defensa.

Se ha aprobado por unanimidad la moción de MC para garantizar la preservación del cuadro de la Virgen de la Soledad, otra del mismo partido para que la Mancomunidad de los Canales del Taibilla estatal rehabilite el parque Rafael de la Cerda, en Tentegorra, el apoyo a un riego de socorro de 200.000 almendros y una cuarta para crear refugios climáticos en edificios municipales, esta con la oposición de Vox.

El PSOE logra aprobar el arreglo urgente la carretera El Sabinar-Los Nietos y exigir al Gobierno regional que repare el puerto deportivo de Cabo de Palos y un plan para su renovación.

También por unanimidad sale una transaccional del concejal de Urbanismo e Infraestructuras Diego Ortega a una de MC que insta a los propietarios del circuito de velocidad a mejoras para cumplir la normativa medioambiental y urbanística, tras lo que se pedirá al Gobierno murciano su declaración de interés estratégico regional.