Reverte: “Estamos muy preocupados por el aumento de la ocupación ilegal en la localidad”

El Partido Popular lleva dos años solicitando que se endurezcan las penas contra la ocupación, puesto que, según ha detallado la líder de los 'populares' aguileños, Eva Reverte, “estamos muy preocupados por el aumento de la ocupación de viviendas en la localidad”, ya que “este fenómeno crece y se han multiplicado las denuncias por allanamiento de domicilios”.

En este sentido, “la vivienda se protege en el ordenamiento jurídico español para evitar la ocupación en contra de la voluntad del propietario o poseedor con título o derecho”, pero dichas medidas deben de ser adaptadas y mejoradas para permitir una protección efectiva a los titulares”, ha señalado Reverte.

En septiembre de 2020, el Gobierno socialista de Águilas rechazó una moción del Partido Popular en la que se solicitaba al Gobierno de la Nación que se impulsasen las reformas legales oportunas, con el fin de combatir de manera ágil y efectiva la ocupación ilegal y que se garantizase el derecho de propiedad, la seguridad de personas, bienes y la convivencia social.

Asimismo, “pedíamos que los okupas pudiesen ser expulsados; que dichos okupas no pudiesen empadronarse en las viviendas; que las comunidades de propietarios pudiesen tomar medidas legales y que las personas jurídicas pudiesen iniciar los procedimientos de desalojo”, ha explicado la 'popular', a lo que ha añadido que “los argumentos que el PSOE local nos dio para decir 'no', una vez más, fueron que ya existían medidas, pero está comprobado que son insuficientes”.

“Consideramos que hay que asegurar el desalojo inmediato de la vivienda ocupada en caso de que la situación sea de flagrante delito en 24 horas por parte de la Policía”. También ha asegurado que “los representantes tenemos que velar por la seguridad de los aguileños y la de sus propiedades”, ya que “la preocupación y el miedo a perder por lo que tanto han trabajado se ve en la calle todos los días”.

La presidenta del Partido Popular en Águilas ha concluido indicando que “tenemos claro que se tiene que diferenciar una ocupación ilegal de un caso de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda y de protección de las familias en situación de emergencia social”. Hay que destacar que “a un okupa no se le desahucia, se le desaloja” y “al vulnerable se le protege, sin que el propio Estado traslade a la ciudadanía sus propias responsabilidades en ninguno de estos casos”.