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El Colegio de Abogados de Lorca asesorará a víctimas de la ocupación por encargo del Ayuntamiento
Establecerá un turno específico de asistencia, elaborará una guía a modo de protocolo con consejos ante casos de ocupación y redactará informes sobre la incidencia del fenómeno en el municipio
Lorca - Publicado el
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El Ayuntamiento de Lorca y el Colegio de Abogados colaborarán en la atención a las víctimas de la ocupación ilegal de viviendas. Las dos instituciones han rubricado un convenio, pionero en la Región, por el que el consistorio encomienda al Colegio de Abogados el establecimiento de un servicio de asesoramiento y orientación jurídica a particulares y comunidades de propietarios afectados por ese fenómeno.
El acuerdo, que han firmado el alcalde, Fulgencio Gil, y la decana del Colegio de Abogados, Elisa Campoy, compromete a la institución colegial al establecimiento de un turno de letrados para prestar esa asistencia presencial, telefónica y telemática y a la publicación de una guía para los ciudadanos con un protocolo a seguir en caso de ocupación.
El colegio también se ocupará de elaborar informes trimestrales sobre este fenómeno, que incluirán propuestas de mejora sobre la base de un diagnóstico relativo a la incidencia real de casos de viviendas ocupadas en Lorca.
Para el desarrollo del convenio el ayuntamiento establece una dotación económica de 7.000 euros anuales destinada a sufragar los gastos operativos del servicio, con cargo al presupuesto municipal.
El alcalde ha explicado que ante el aumento de casos de ocupación ilegal en el municipio el gobierno local ha estimado necesario implementar “un mecanismo ágil y eficiente que proporcione orientación jurídica inmediata a los afectados”.
La base de esta actuación no sólo contempla garantizar el acceso a una vivienda digna, sino promover por parte de la Administración local-políticas habitacionales y gestionar situaciones derivadas de la ocupación ilegal.
La primera teniente de alcalde, Carmen Menduiña, de Vox, ha dicho que la medida era necesaria ante la desprotección que afecta a las víctimas de la ocupación ilegal y el número creciente de casos que se producen.