La CARM reprocha al Gobierno excluir a más de 6.000 familias vulnerables en reparto de alimentos

El Ejecutivo central reprocha al Gobierno central que haya excluido de forma directa a más de 6.000 familias de la Región del nuevo programa de Asistencia Material Básico, y “que no haya puesto los mecanismos necesarios para que todas las personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder a estas ayudas financiadas con fondos europeos FSE+”.

De acuerdo a lo establecido en el programa, solo las familias con menores a cargo que no superen el 40 por ciento de la renta media nacional establecida en 6.326 euros podrían resultar beneficiarias. En la Región de Murcia, solo el 37 por ciento de los hogares podría ser susceptible de recibir esta ayuda.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, manifestó hoy su preocupación durante el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia celebrado en Madrid, ya que “se quedan fuera muchos beneficiarios actuales del Fondo de Ayuda Europea para los más necesitados, algunos de ellos, personas sin hogar y en delicada situación de vulnerabilidad”.

Durante su comparecencia expuso además que los informes de las entidades sociales cifran en 26.167 las personas beneficiarias de los Fondos FEAD en la Región de Murcia en el último año y que, con la implantación de este nuevo programa, 18.241 personas no podrían percibir esta ayuda.

Destacó “el agravio que supone para un importante número de personas no disponer de ayudas públicas en un momento tan crítico en el que los alimentos de primera necesidad como el pan, la fruta, las patatas o el aceite se han encarecido, en algunos casos, por encima del 60 por ciento”.

Ruiz calificó, además, de “complejo y confuso” el nuevo modelo transitorio que propone el Ejecutivo central, ya que “generará más carga burocrática a las comunidades autónomas, duplicidad de trabajo e, incluso, desconocemos de qué manera va a afectar a las entidades locales y del Tercer Sector de Acción Social, la complejidad del sistema y la falta de información”.

La titular de Política Social solicitó al Ministerio de Derechos Sociales que “desarrolle los mecanismos necesarios para la creación de un grupo de trabajo que permita establecer una coordinación continuada con las comunidades autónomas para crear un sistema de financiación acorde a las necesidades de los ciudadanos. Nuestro objetivo es que este recurso pueda llegar a toda persona que lo necesita y trabajar como lo estamos haciendo hasta el momento, de la mano de las entidades del Tercer Sector”.

Poca agilidad en la tramitación de fondos

El Consejo Territorial de Servicios Sociales también aprobó la concesión de subvenciones a los programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades para el año 2023. A este respecto, la consejera consideró “injustificados” los retrasos que están sufriendo las comunidades autónomas a la hora de recibir los fondos destinados al desarrollo de proyectos sociales. Aseveró que “las convocatorias de ayudas ya están publicadas y tenemos que cubrirlas con recursos propios”.

En total, serán más de 10 millones los que la Comunidad podrá destinar este año a entidades del Tercer Sector para mejorar la calidad de vida de las personas más necesitadas. Un incremento que permitirá aumentar el número de proyectos financiados o la cuantía de las subvenciones dirigidas a organizaciones del Tercer Sector de Acción Social y al que este año optan 142 entidades.