La Comunidad implantará servicios sociales comarcales para familias vulnerables

La Comunidad implantará servicios sociales comarcales de Familia e Infancia en situación de vulnerabilidad e invertirá 5,6 millones en ayudas de comedor escolar. Estas son algunas de las medidas presentadas hoy por los consejeros de Política Social, Familias e Igualdad y de Educación Formación Profesional y Empleo, Conchita Ruiz y Víctor Marín, respectivamente, en la Comisión Especial de Estudio de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, con las que el Ejecutivo regional quiere fomentar la igualdad de oportunidades y paliar la situación de vulnerabilidad que existe en la Región.

La titular de Política Social destacó que, a partir de enero del próximo año, se implantarán los Servicios Comarcales de Apoyo a las Familias con el objetivo de realizar una labor preventiva de detección de situaciones de vulnerabilidad y garantizar una atención integral a niños, niñas y adolescentes de la Región. Con esta red de actuación se pretende llegar a 1.630 familias y a unos 2.600 menores, cuya inversión alcanza los 7,1 millones de euros de Fondos FSE+ y recursos propios de la Comunidad.

Ruiz especificó que el desarrollo de estos programas está destinado “a detectar situaciones de vulnerabilidad infantil; a crear servicios vespertinos que permitan trabajar las necesidades emocionales, educativas, de ocio y sanitarias de los menores; a desarrollar programas dirigidos a la prevención del abuso sexual infantil y a apoyar a la familia en el ejercicio positivo de sus funciones parentales de protección”.

A esta iniciativa se sumará, además, el refuerzo de los servicios sociales de atención primaria para mejorar la calidad asistencial y responder de forma más inmediata a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, concretamente, para contratar profesionales de distintos perfiles del ámbito de la intervención social como trabajo social, educación y psicología, con una inversión aproximada de dos millones de euros.

La consejera explicó que “no sólo daremos cobertura a las necesidades básicas, sino que también continuaremos desarrollando programas multidimensionales de innovación social que permitan minimizar el riesgo de pobreza y ofrecer herramientas que favorezcan la autonomía de las familias y su desarrollo personal”. Para ello, y a través de la colaboración de las entidades locales, se trabajará en el desarrollo de proyectos piloto de intervención integral en barrios y territorios.

Medidas para combatir la exclusión social y residencial

Potenciar la Mesa de apoyo al Tercer Sector de la Región de Murcia es otra de las iniciativas que llevará a cabo el Gobierno regional en la presente legislatura “para el desarrollo de políticas que fomenten la inclusión y cohesión social”. Entre ellas, Ruiz destacó la elaboración de una Estrategia regional para la erradicación del sinhogarismo”, donde se incluyan programas que garanticen el derecho de todas las personas a tener un hogar”.

Estos programas se desarrollarán de forma paralela al programa ‘Pares’ de acompañamiento al realojo de personas que viven en chabolas o infraviviendas, calificado por la Comisión Europea como buena práctica por su metodología participativa, que se realiza en colaboración con la Consejería de Fomento e Infraestructuras, los servicios sociales de cada municipio y la entidad social Habito. El objetivo es proporcionar una vivienda en las mejores condiciones de habitabilidad a las familias que residan en infraviviendas y, al mismo tiempo, garantizar su integración sociolaboral.

Más de 200 millones para luchar contra la pobreza

La consejera de Política Social recordó que la Comunidad ha destinado este año cerca de 200 millones de euros en el impulso de medidas integrales para la lucha contra la pobreza e inclusión social, de las que se benefician más de un millón de ciudadanos de la Región de Murcia.

Puso de manifiesto que junto con las entidades del tercer sector “trabajaremos en una Estrategia regional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, para continuar fomentando medidas que refuercen el sistema de servicios sociales de la Región, como también programas integrales que aborden la inclusión social desde diferentes ámbitos”.

Más ayudas de comedor

Por su parte, el consejero de Educación, Formación Profesional y Empleo, Víctor Marín, anunció durante su intervención en la Comisión que “el Gobierno regional incrementará las ayudas asistenciales de comedor en 1,5 millones de euros, un 37 por ciento más, hasta alcanzar los 5,6 millones de euros el próximo curso, con el objetivo de que más familias puedan acceder a estas ayudas, lo que alcanzaría cerca de 7.000 familias beneficiadas”.

Educación consignó en sus presupuestos de este año algo más de cuatro millones de euros a estas ayudas, que se incrementaron en 740.000 euros para que todos los niños que cumplían los requisitos (5.380 estudiantes) obtuvieran beca. En este curso, 18.000 niños utilizan el servicio de comedor y un 30 por ciento recibe ayudas regionales. Se han incorporado 12 nuevos comedores escolares, y en total la Región cuenta con 281 comedores en centros educativos.

Marín destacó que “los centros educativos son un bastión en la batalla contra la desigualdad y la falta de oportunidades” y “la educación y la formación son factores que desempeñan un papel crucial para romper este ciclo y brindar oportunidades para un futuro mejor, para todo nuestro alumnado”.

El titular de Educación recordó que la incorporación de 4.500 niños de dos años en centros sostenidos con fondos públicos y escuelas infantiles públicas este curso, de forma gratuita, es otra de las medidas para luchar contra la pobreza, así como la ampliación de servicios gratuitos para las familias como la gratuidad de libros en todas las etapas de enseñanza obligatoria, con una inversión de más de 16 millones de euros.

El objetivo, indicó Marín, “es que ningún niño se quede atrás”. Para ello, la Consejería de Educación trabaja en programas como el de Refuerzo Educativo (PRE) en el que participan este curso más de 16.400 alumnos de 340 centros educativos; el Programa Regional de Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar y Reducción del Abandono Escolar (PRAE), cuya normativa está en fase de revisión para simplificarlo y lograr que sea más ágil y eficaz; y la denominación de Centros de Atención Educativa Preferente, entre los que se encuentran 29 colegios y un Instituto de Educación Secundaria que cuentan con iniciativas para reducir el absentismo y mejorar los logros educativos de los alumnos.

La Región dispone de 29 aulas de acogida, que prestan apoyo a 583 estudiantes con carencias en lengua española o deficiencias de conocimientos básicos, y 157 aulas abiertas para alumnos con necesidades educativas especiales. Además, se trabaja en el Plan de Inclusión Educativa que contempla una inversión de 221 millones y medidas de atención temprana, acompañamiento individual a los alumnos e incremento de personal de atención a la diversidad.

El consejero Marín indicó que “fortalecer las habilidades académicas y ofrecer un entorno propicio para el aprendizaje, no solo previene el fracaso escolar, sino que también rompe el ciclo de pobreza al promover la igualdad de oportunidades educativas”. En este sentido, se han incrementado las plazas de Formación Profesional, haciendo hincapié en la FP básica y de grado medio, hasta alcanzar las 39.200 plazas, y se han puesto en marcha iniciativas como las pruebas extraordinarias para obtener el título de graduado en la ESO, destinadas a los alumnos que no han finalizado estos estudios; los programas de diversificación curricular en tercero y cuarto de la ESO; y el plan de transición entre Primaria y ESO.

Formación para acceder a un puesto de trabajo

Fundamental para reducir los niveles de pobreza es que los jóvenes tengan cualificación profesional y puedan acceder a un puesto de trabajo. Para ello, desde el Servicio Regional de Empleo y Formación se ofrecen medidas como el programa T-Sigo, para que jóvenes menores de 24 años retomen sus estudios y se formen con el fin de lograr un empleo; programas mixtos de empleo y formación, dotados este año con 19 millones de euros, destinados principalmente a jóvenes, parados de larga duración y colectivos vulnerables en desempleo y sin cualificación, que reciben formación al mismo tiempo que trabajan en obras como el arreglo de jardines, construcción de espacios públicos o trabajos en la vía pública, que benefician a toda la comunidad.

Además, el SEF ofrece incentivos a la contratación de personas paradas de larga duración, desempleados menores de 30 años, víctimas de violencia de género, en riesgo de exclusión social o víctimas del terrorismo; y desarrolla proyectos destinados especialmente a la formación y búsqueda de empleo para colectivos vulnerables, a través de subvenciones a entidades y ONGs, con una inversión de cerca de siete millones de euros este año.

Itinerarios personalizados para mejorar la empleabilidad

El Gobierno regional destinará además, en el periodo de ejecución del programa FSE+ 2021-2027 de la Región de Murcia, más de 30 millones de euros a incrementar la eficacia de los programas e itinerarios de empleabilidad e inclusión activa como es el caso del proyecto ‘Personas. Metodología participativa para lograr la activación de la empleabilidad de personas y jóvenes vulnerables’, impulsado por el Institución Murciano de Acción Social (IMAS). Una metodología participativa que permitirá coordinar las actuaciones de los 41 programas de empleo que se están desarrollando actualmente desde la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad.

Conchita Ruiz explicó que “se van a destinar casi 12 millones de euros más que en el periodo anterior, teniendo en cuenta que la aportación de los fondos europeos con la que se financian dichas actuaciones se ha reducido al 60 por ciento”. Estos programas llevan implícita una intermediación laboral y el acompañamiento en el puesto de trabajo, como también acciones dirigidas a favorecer la igualdad de oportunidades y la inclusión activa.

Los programas de empleo y de orientación sociolaboral financiados por la Consejería de Política Social facilitaron el acceso al mercado laboral de cerca 30.000 personas en riesgo de exclusión social. “Una iniciativa que permite fortalecer su autoestima e independencia económica y revertir la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran”, destacó Ruiz.