El mundo rural se moviliza de nuevo

El mundo rural se pone de nuevo en marcha de forma coordinada y con una agenda de largo recorrido y gran profundidad política y social. SOS Rural, que surgió en abril de este año gracias al apoyo de cientos de organizaciones a este movimiento ciudadano independiente, anunció ayer en Madrid la puesta en marcha de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), cuyo objetivo central es “proteger la agricultura y la economía rural en España, en especial el regadío”, ya que es un “sector estratégico que aporta un gran valor económico, social, territorial y medioambiental, y que se encuentra sometido a fuertes presiones y amenazas que requieren de una respuesta regulatoria integral”.

Una ILP, también conocida como iniciativa ciudadana, es un mecanismo de democracia directa amparado en la Constitución, por la que los ciudadanos pueden presentar proposiciones de ley al Congreso de los Diputados si reúnen al menos 500.000 firmas en un plazo de nueve meses tras la presentación de la iniciativa a la Cámara Baja.

SOS Rural informó también de que esta ILP irá acompañada de una acción a nivel europeo con sus aliados de países como Alemania, Holanda, Francia, Polonia o Rumanía. Se trata de una Iniciativa Ciudadana Europea, cuyo objetivo es garantizar la soberanía y seguridad alimentarias, defendiendo la agricultura nacional y europea contra la competencia desleal de terceros países. Para ello, se quiere “promover el uso de la política comercial de la UE para establecer aranceles y defender el producto agrícola español y europeo contra la competencia desleal de terceros países que no son parte de la Unión Europea, así como para dar preferencia a las cadenas de suministro locales”, como explicó José Andrés García Cuesta, director-gerente de ADESPOFA.

“El maltrato al campo repercute en los bolsillos de los españoles”

La portavoz de SOS Rural, Natalia Corbalán, explicó durante la jornada, organizada junto con la Asociación de Periodistas Agroalimentarios (APAE), que “el maltrato al campo tiene una incidencia decisiva en los precios de los alimentos y en el bolsillo de los españoles”. Y tiene además otra incidencia económica de calada: desmantelada la industria, “si desmantelamos la producción de alimentos, España será un país de sólo servicios, empleo precario y rehén de otros para algo tan elemental como comer a buen precio”. Corbalán incidió en esta línea: “La soberanía alimentaria es un factor estratégico para un país. Para naciones como Canadá, Estados Unidos, China o Rusia el sector primario es una cuestión de Estado”.

El mundo rural se pone de nuevo en marcha de forma coordinada y con una agenda de largo recorrido y gran profundidad política y social. SOS Rural, que surgió en abril de este año gracias al apoyo de cientos de organizaciones a este movimiento ciudadano independiente, anunció ayer en Madrid la puesta en marcha de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), cuyo objetivo central es “proteger la agricultura y la economía rural en España, en especial el regadío”, ya que es un “sector estratégico que aporta un gran valor económico, social, territorial y medioambiental, y que se encuentra sometido a fuertes presiones y amenazas que requieren de una respuesta regulatoria integral”.

Una ILP, también conocida como iniciativa ciudadana, es un mecanismo de democracia directa amparado en la Constitución, por la que los ciudadanos pueden presentar proposiciones de ley al Congreso de los Diputados si reúnen al menos 500.000 firmas en un plazo de nueve meses tras la presentación de la iniciativa a la Cámara Baja.

SOS Rural informó también de que esta ILP irá acompañada de una acción a nivel europeo con sus aliados de países como Alemania, Holanda, Francia, Polonia o Rumanía. Se trata de una Iniciativa Ciudadana Europea, cuyo objetivo es garantizar la soberanía y seguridad alimentarias, defendiendo la agricultura nacional y europea contra la competencia desleal de terceros países. Para ello, se quiere “promover el uso de la política comercial de la UE para establecer aranceles y defender el producto agrícola español y europeo contra la competencia desleal de terceros países que no son parte de la Unión Europea, así como para dar preferencia a las cadenas de suministro locales”, como explicó José Andrés García Cuesta, director-gerente de ADESPOFA.

“El maltrato al campo repercute en los bolsillos de los españoles”

La portavoz de SOS Rural, Natalia Corbalán, explicó durante la jornada, organizada junto con la Asociación de Periodistas Agroalimentarios (APAE), que “el maltrato al campo tiene una incidencia decisiva en los precios de los alimentos y en el bolsillo de los españoles”. Y tiene además otra incidencia económica de calada: desmantelada la industria, “si desmantelamos la producción de alimentos, España será un país de sólo servicios, empleo precario y rehén de otros para algo tan elemental como comer a buen precio”. Corbalán incidió en esta línea: “La soberanía alimentaria es un factor estratégico para un país. Para naciones como Canadá, Estados Unidos, China o Rusia el sector primario es una cuestión de Estado”.

El también portavoz de SOS Rural Salvador Marqués explicó las líneas maestras que se incluirán en la ILP. Así, detalló que el texto pedirá “la protección de la agricultura y la economía rural con un marco regulador integral que persiga el objetivo de la seguridad alimentaria y que gire en torno a varios ejes: uso prioritario de tierras agrícolas para la producción de alimentos y protección de las tierras de regadío, que desempeñan un papel crucial en la producción de alimentos”. Además, incluirá la petición de proteger “el sector primario en conjunto con un marco regulador integral para dotar al sector productivo y al resto de la industria agroalimentaria de herramientas para impulsar su actividad económica, basada en la producción de alimentos seguros, saludables, suficientes y asequibles”. También, la “protección del acceso a insumos ganaderos esenciales para la supervivencia de los animales de granja a un precio razonable, incluyendo piensos y fertilizantes”, así como la “protección de la actividad pesquera para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del sector”.

Defendió Marqués que la ILP incluirá la petición de “acceso de las comunidades rurales a servicios como infraestructuras y transporte, financiación especializada, digitalización, emprendimiento y educación, áreas que forman los pilares para la sostenibilidad de la vida fuera de la ciudad”. También, la ancestral reivindicación del mundo rural de una “actualización de la política hídrica en España que favorezca el desarrollo socioeconómico y agroalimentario, que respete el riego y garantice los caudales. Y también la vigilancia sobre la contaminación de las aguas sobre la base de criterios técnicos e independientes, no ideológicos”.