El futuro de Laya puede definirlo sus declaraciones en el caso Ghali

Arancha González Laya declaró el pasado lunes ante el juez encargado de la presunta entrada irregular de Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario. En su discurso, la exministra de Asuntos Exteriores evitó detallar quiénes fueron los miembros que permitieron este supuesto delito de falsificación de pasaporte, prevaricación y encubrimiento argumentando que la información era reservada.

Uno de los principales beneficiados del silencio de Laya es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como dirigente último responsable de esta presunta irregularidad. Por tanto, que la exministra mantuviese el silencio podría no ser casualidad y que se trate de una estrategia para ganarse un puesto relevante en las instituciones y garantizarse un futuro.

En plena investigación del caso Ghali, Arancha González Laya solicitó la pensión que le corresponde por sus servicios, que asciende a unos 60.000 euros al año, pero esta remuneración no es vitalicia.

Por este motivo, la exministra podría haber tomado esta postura en sus declaraciones para agradar al PSOE y a su líder y conseguir un puesto en la administración como muchos de los ministros que fueron cesados en la limpia de políticos que realizó Pedro Sánchez. Esta reubicación ya la vivieron Carmen Calvo, que presidirá la Comisión de Igualdad del Congreso o José Luis Ábalos, que liderará la Comisión de Interior del Congreso.

A pesar de no haber conseguido hasta el momento un nuevo puesto, el Gobierno ha recompensado la ocultación de información por parte de Laya acogiéndose a la Ley de Secretos Oficiales del Estado. El pasado 27 de septiembre la Abogacía del Estado presentó un recurso en el que se posicionaba en contra de la acusación a la exministra de Asuntos Exteriores argumentando que esta vía no permitirá esclarecer los hechos.

Sin embargo, y a pesar de este intento del Gobierno de acabar con la investigación del caso Ghali, el juez continúa recopilando declaraciones y datos para esclarecer los hechos. A las declaraciones de Arancha González Laya y su director de Gabinete, Camilo Villarino, se sumarán las de la exdirectora de Gabinete de Carmen Calvo, María Isabel Valldecabres, y la de Fernando Grande-Marlaska, Susana Crisóstomo, ambos como testigos.