El Juez Magro, autor del decálogo contra la ocupación reclama una política para resolver el problema
El magistrado del Tribunal Supremo acaba de publicar el libro: ¿Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble?, un decálogo para combatir la ocupación
Madrid - Publicado el - Actualizado
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Vicente Magro ha explicado que “este problema social, que es real y va a más, se soluciona con una ley integral del fenómeno de la ocupación, pero para ello hace falta voluntad política”.
El problema de la ocupación de viviendas está en auge. Desde 2018 se ha disparado un 46%, ya sea con una patada en la puerta o dejando de pagar el alquiler.
Según el Ministerio de Interior cada día se producen unas 45 ocupaciones de inmuebles, más de 16.000 al año. Esta cifra se puede quedar corta si atendemos a la denuncia de las plataformas de afectados porque aseguran que no se incluye el fenómeno de la “inquiocupación”, es decir, dejar del pagar el alquiler.
El magistrado ha asegurado que “en caso de ser víctimas de la ocupación, existen herramientas a disposición del ciudadano. Lo primero que debemos hacer es acudir al juzgado de guardia y pedir al juez que dicte un auto de expulsión inmediato, tanto si se trata de la residencia habitual como si es una segunda vivienda”.
Para que esta expulsión inmediata sea efectiva en 24 horas por allanamiento, la morada debe estar amueblada y con los suministros dados de alta. Si la casa está vacía, hablamos de usurpación de bien inmueble, otro tipo de delito que lleva otro procedimiento más lento.
¿Cuánto puede tardar la expulsión de los ocupas?
Magro ha explicado que “ahora hay un cambio importante que permite al juzgado adoptar la medida cautelar de expulsión en el caso de ocupación. Una herramienta, ha asegurado, que se utiliza en el resto de Europa y ahora también en España, porque éramos el único país donde no se daba la expulsión inmediata de una persona que había ocupado una vivienda”.
¿Por qué va a más la ocupación?
El magistrado del TS ha asegurado que “la ocupación es un problema del propio sistema, que es el que carga en las espaldas de los propietarios el deber de que todo ciudadano tenga una vivienda donde residir, cuando debería ser una obligación de la administración pública”.