Cristina L. Schlichting: "Nos van a pastorear desde el Gabinete de Presidencia y con nuestro dinero"

"¡Muy buenos días España!

7 de noviembre, ya le hemos hincado el diente a este mes oscurillo e insípido. Ánimo que ya estamos más cerca de la Navidad luminosa de diciembre. Sigue lloviendo en toda España, excepto en las islas Canarias y en al norte, mira tú por dónde. Hoy, por ejemplo, no lloverá en Cantabria y, en Oviedo, verán el sol. Cosas divertidas de esta España diferente, que a las once nos aclarará Olcina, nuestro hombre del tiempo.

347 fallecidos es la última cifra del virus, ayer. Algo menos que el día anterior, pero números fuertes. Las comunidades siguen peleándose con las medidas que se les ocurren. Cataluña prorroga otros 15 días el toque de queda, País Vasco y Murcia cierran la hostelería y los bares y Andalucía ampliará desde el lunes el toque de queda por zonas. Es puente en Madrid, el de la Virgen de la Almudena, el lunes, pero como si no lo fuese. Hay cierre perimetral de la Comunidad y ocho nuevas zonas sanitarias restringidas, hasta 41 en total ya, aunque los datos son mejores y están en 359 casos por 100.000 habitantes. Por encima de 700, con cifras muy preocupantes, están Navarra, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Melilla y Ceuta.

Y por si no tuviéramos poco con la enfermedad y la crisis, ya tenemos las primeras reacciones en Europa al Ministerio de la Verdad creado esta semana por el Gobierno. En Bruselas se han desatado las alarmas cuando se ha sabido que será el jefe del gabinete de presidencia, Iván Redondo, la mano derecha del presidente en comunicación y marketing político quien dirigirá la nueva Comisión contra la desinformación, encargada de contrarrestar con campañas publicitarias en las redes las noticias que el Gobierno considere falsas o inadecuadas.

En la Comisión Europea y el Parlamento Europeo ya han confirmado que están analizando el plan español porque no entienden que se estén tomando estas medidas en pleno estado de excepción, cuando los ciudadanos apenas se enteran de lo que ocurre y no pueden defenderse y tampoco comprenden que sea el Gobierno quien se arrogue ese derecho. El portavoz del Ejecutivo Johannes Barke ha confirmado, son sus palabras literales, que la “orden del Gobierno español se ha puesto en marcha basándose en la legislación de emergencia frente al coronavirus y que la Comisión está vigilando este tipo de acciones”.

En realidad, no podemos decir que lo que ha hecho Pedro Sánchez esta semana nos sorprenda. Primero, porque lleva toda la pandemia aprovechando la situación para sacar adelante leyes gravísimas sin consenso alguno. Por ejemplo, esta semana el quitar el español como lengua oficial y vehicular. Pero también porque esto de controlar la información lo ha preanunciado al menos dos veces.

La primera, cuando el CIS de Tezanos preguntó a la población si quería una fuente única de información sobre el coronavirus: “¿Cree usted –fue el texto de la encuesta- que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y medios de comunicación social, remitiendo toda la información de la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?” Naturalmente, con planteamiento tan sesgado, el 66,7 por 100 de los encuestados dijo que quería la prohibición.

El otro momento grave fueron las declaraciones del general de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín, cuando señaló que los agentes de la Benemérita trabajaban en las redes sociales contra los bulos y “para minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno”. Estas declaraciones supusieron tal alarma que el ministro del Interior Marlaska tuvo que salir a desmentirlas. Tres meses después, Interior ascendió a Santiago a Jefe del Estado Mayor de la Benemérita.

Exactamente lo que anunció Marín es lo que va a hacer la nueva Comisión. Dirigir las corrientes de expresión y pastorearlas de acuerdo con los intereses de Pedro Sánchez.

Desde el Gabinete de Presidencia y con nuestro dinero.

Salvo que Europa se dé cuenta de que esto que pasa en España apesta. Que esto tiene que ver con otras cosas como el intento de control del CGPJ o los seis meses de estado de alarma sin control.

La gente, claro, apenas puede hacer nada. No es casi posible manifestarse, no se puede uno reunir en plataformas para preparar actos o discutir y la sensación es de impotencia. Por eso es tan impresionante que la plataforma Más Plurales vaya camino de conseguir un millón de firmas contra la Ley de Educación, la ley Lolailo, como la llama Carlos Herrera con razón, porque lo consigue todo: sacar el castellano de las aulas, permitir que los chavales pasen sin aprobar, arrinconar la libertad de elección de los padres sobre el tipo de enseñanza o eliminar los exámenes unificados para el profesorado. 840.000 firmas se han conseguido ya, una a una, de gente que está confinada prácticamente en su casa, que se va enterando de lo que ocurre por medios como Cope y que da su nombre en la plataforma".

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Despropósitos de la Ley Celaá

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