Los inspectores de Hacienda rechazan la cesión del 100% de los impuestos a Cataluña: "Es un peligro"

Parece que estamos a solo unos días de que Pedro Sánchez renueve en el gobierno y salga investido con, previsiblemente, 179 votos. Acumula, por el momento, los votos de Sumar, Podemos, PNV, Bildu, ERC, Coalición Canaria y Junts. Con estos últimos, el partido del fugado Puigdemont, ha acordado un pacto que ellos califican de "histórico" y que, realmente, lo es.

Y precisamente por su contenido, porque, aparte de garantizarles la amnistía, como ya hizo con ERC, les hará otras concesiones como utilizar el termino "lawfare" (con todo lo que ello implica) y la cesión del 100% de los impuestos. Una medida que con la amnistía ha pasado algo más desapercibida, pero que ya muchos expertos avisan de que será clave para romper el régimen constitucional.

Las consecuencias, como dicen, pasarán por la creación de ciudadanos de primera y de segunda. Ana de la Herrán es inspectora de Hacienda y presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Ellos ya han avisado de que este acuerdo ha traspasado "demasiadas líneas rojas".

"Supone una ruptura del régimen constitucional y eso implica deshacer el régimen de financiación para una comunidad autónoma que debería estar dentro del régimen común y quieren un modelo específico para ellos como moneda de cambio" comenzaba explicando.

Un "privilegio" que rompe la igualdad entre los españoles

Ana de la Herrán explica que hay dos tipos de régimen de financiación en España: el especial, para las comunidades forales, con amparo constitucional, y el común, en donde se inserta Cataluña. "Lo que se hace es recaudar por parte del Estado los impuestos principales, y ceder una parte de la recaudacíon. Pero todas las competencias residen en el Estado, con esto se pretende que toda la recaudación y probablemente las competencias residan en Cataluña. Esto implica una división y una diferenciación que no tiene un anclaje constitucional, e implica una diferenciación sin justificación histórica" decía.

"Finalmente, afectará al principio de igualdad entre los españoles, es un peligro importantísimo y no se puede hacer saltándose las normas, la legalidad vigente y el Estado de Derecho".

Claro, Cataluña contiene siete millones de habitantes, y si se hace un cupo, la situación de financiación será bien difícil, ¿cómo se pagarán las demandas de tantos españoles que por el principio de solidaridad debían ser ayudados? "Cataluña es muy grande, pero la creación de un régimen ad hoc y privilegiado que no tiene amparo constitucional, redunda en el prinicpio de solidaridad, del reparto equitativo y solidaridad y por tanto en todos los españoles" explicaba.

Unas competencias traspasadas que afecta a los trabajadores de Hacienda

De salir adelante este acuerdo, significaría que las propias competencias de inspección, por ejemplo, pasarían a Cataluña, que tendrían sus propias inspecciones respecto del resto de España. "Ponemos de manifiesto que se rompe el criterio de unidad de caja actual, criterio de unidad de base de datos y el fraude fiscal se vería dificultado. En la medida en la que tenemos una entidad separada de España, dificultará el trabajo que desempeñamos, y tenemos una obligación de servir con objetividad los intereses generales, y de esta manera no se puede" explicaba.

"No sabemos si se va a llevar a efecto, pero las competencias en materia de gestión y recaudación estarían cedidas, que se crearía una agencia tributaria catalana. Decimos que eso rompe la unidad y eficiencia que actualmente tiene en su contenido la Agencia Tributaria" sentenciaba.