El problema de la huelga de letrados y cómo te afecta: “Dimos dos posibilidades al Ministerio”
Convocada a finales del mes de enero ha provacado la suspensión de más de 100.000 juicios y vistas en España
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Estamos en la cuarta semana de huelga de los letrados judiciales (LAJ) desde que la convocaran a finales del mes de enero por la que, hasta hoy, se han suspendido más de de 100.000 juicios y vistas orales en España.
Este jueves habrá reunión con el Ministerio de Justicia, no sabemos si con mediador o no como ha explicado en ‘Herrera en COPE’ Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, quien confía que en dicha reunión se resuelva la situación.
Una huelga a la que han llegado los letrados después de advertir al Ministerio en varias ocasiones de esta probabilidad como recuerda Casado “le dimos dos posibilidades de resolver el conflicto en los meses de noviembre y diciembre. En noviembre hicimos dos días de huelga y en diciembre otros dos días amenazando con que acabaríamos en huelga indefinida”, asegundado que “pensamos que el Ministerio no iba a dar pie a plantearla”.
Con la Justicia casi paralizada, desde el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia subrayan que su intención no es perjudicar a la sociedad “y por eso convocamos la huelga a finales de enero porque si lo hubiéramos hecho después de Navidad, el perjuicio hubiera sido mayor”.
Las consecuencias de la huelga
Con unas 18.000 demandas paradas en Madrid pendientes de llegar al juzgado, en España son más de 100.000. Estas son algunas consecuencias de esta huelga de quienes son la “pieza fundamental en el engranaje del juzgado, no solo en el hecho de que se suspendan vistas, sino que toda la actuación procesal que necesita de cualquier demanda que llega, desde que entra al juzgado hasta que llega a juicio, toda esa actividad procesal, incluida la admisión de la demanda, es lo que hacemos nosotros”, indica Casado.
Asegura Casado que la actividad en los juzgados está reducida al 60% “porque el Ministerio nos impuso unos servicios mínimos”.