Barbosa: “No exijamos al Rey lo que el Rey no puede dar”

Está el centro de Madrid que da gloria verlo. Vaya capital bonita que tiene España, cuando esa capital dice de ponerse sus mejores. Es verdad que la belleza de Madrid es diferente a la de Barcelona, por ejemplo. Barcelona sería más bien esa señora estupenda que nunca perdona ir de punto blanco, mientras Madrid es la chica guapa que suele ir en tejanos con una camiseta pero que el día que se pone delante del espejo para dar el do de pecho te deja sin aliento.

El caso es que esas galas nos recuerdan que hace justo diez años, España se disponía a presenciar algo insólito en democracia. Y es que nunca habíamos visto, estando en la democracia del 78, que un Rey colocara el fajín de capitán general a otro Rey y le viniera a decir de forma simbólica algo así como, “ahora eres tú el Jefe del Estado y yo te debo lealtad, como tú me la has tenido a ti”.

Hoy se cumplen diez años de aquella mañana en la que don Felipe de Borbón fue coronado y se convirtió en Felipe VI.

Aquello fue después de la abdicación de Juan Carlos I, el Rey al que debemos la democracia porque tuvo todo el poder en sus manos, pero que renunció a él para que España tuviera democracia y que nos dejó unos años de autoridad carismática (eso que se llamó el juancarlismo) hasta que las polémicas, por todos conocidas, le hicieron pensar que lo mejor era abdicar a favor de su hijo.

Ahí es donde nos encontramos con un Rey, don Felipe, que es el primero, a todos los efectos, cien por cien régimen del 78: Un Rey educado en democracia para defender esa democracia; un Rey que había jurado la Constitución y un Rey que, diez años después, es de las pocas instituciones del Estado (por no decir la única) que no se ha visto contaminada por el populismo.

Que don Juan Carlos fue el Rey de una era de bipartidismo, parece bastante obvio. Que don Felipe va a vivir una época de mayor fragmentación política, también se veía venir cuando subió al trono en 2014. Lo que no estaba en los planes es el clima de polarización en el que nos encontramos ahora mismo.

Y, paradójicamente, este momento en el que la izquierda y los nacionalismos son más beligerantes que nunca con la Corona, hace más evidente que nunca la necesidad de que la democracia española siga contando con esa clave de bóveda que es la monarquía.

En este contexto de fango, promovido por los mismos que denuncian el fango; en este ambiente de presidentes que levantan muros entre españoles y llaman ultraderecha a lo que no es ultraderecha; de ministros que sueltan los peores insultos y los comentarios mas cuarteleros que uno pueda imaginar. En este contexto da grima pensar en la posibilidad de que al Jefe del Estado hubiera que irlo a buscar entre toda esa fauna de políticos que no están a la altura y que lo tuviéramos que buscar con el objetivo ilusorio de que ejerciera una labor de neutralidad constructiva.

Precisamente, esa neutralidad constructiva es, ahora mismo, el gran capital de Felipe VI, a pesar de los pesares…

A pesar de haber tenido que lidiar con las polémicas que han afectado a su padre; con el proceso separatista; con la pandemia y ahora con la polarización política que viene acompañada de esa animadversión de una parte del espectro político y, sobre, todo, con esa indiferencia e incluso desprecio de baja intensidad, que practica hacia la corona un partido supuestamente de Estado como el PSOE.

Últimamente, el sanchismo no pierde la oportunidad de evitar que la Princesa Leonor sea declarada hija adoptiva de Mallorca o para que, en Navarra, se acuse a la monarquía de ser corrupta cuando, curiosamente, es Felipe VI el que da muestras de virtudes que ya quisiéramos que mostrara esta partitocracia que nos está fallando a todos.

Es el Rey el que ha hecho un importante ejercicio de transparencia en los últimos años. O es el Rey el que ha sabido estar en su sitio cuando ha tenido que elevar la voz con ese discurso del 3 de octubre de 2017, para denunciar el atropello antidemocrático que suponía el golpe del 1 de Octubre.

No exijamos al Rey lo que el Rey no puede dar

Pues ese Rey que ha practicado la transparencia y que ha dado un paso al frente cuando tocaba es el que también ha sabido estar en su sitio en el cumplimiento del principio de neutralidad política, firmando una Ley de Amnistía, como no tiene más remedio que firmar aun sabiendo que una parte de los que le apoyan pueden verse decepcionados.

Pero es que el Rey no puede hacer de “juez de urgencia” y analizar en una tarde si una ley encaja o no en el ordenamiento jurídico. “Parar ese atropello” corresponde a los jueces y reconducir la situación corresponde a los partidos políticos. No exijamos al Rey lo que el Rey no puede dar.

Y si algo se le puede elogiar a Felipe VI es que, a pesar de las graves crisis que ha afrontado, ha sabido estar donde le correspondía. En realidad, ha sido la vida pública española la que se ha desencajado y la que debe volver a su ser. Y ahí el faro de la monarquía se antoja más necesario que nunca.

Pero quédense con una idea, se tenga más o menos fervor monárquico, ahora mismo, con el país que tenemos, si se quiere una jefatura del Estado que esté por encima del barro político no hay alternativa a la Monarquía parlamentaria.

En fin, hoy seguiremos reflexionando sobre esa primera década del reinado de Felipe Vi mientras la actualidad política sigue manga por hombro.

'Financiación singular'

A Pedro Sánchez por ejemplo, se le sigue complicando eso de convencer al conjunto de los españoles de que Cataluña merece una financiación más singular que la de los demás.

Ya no son sólo García-Page o los socialistas extremeños los que se han atrevido a levantar la voz sino que dentro de su socio de coalición (dentro de Sumar) los diferentes partidos han empezar a recordar que ellos, además de ser muy de izquierdas tienen que dar la cara por los territorios a los que representan.

Ea el caso de los valencianos de Compromís, pero también de los aragonés de la Chunta.

Y es que, lo de defender que es compatible al mismo tiempo una negociación multilateral con una negociación bilateral sólo para uno de los territorios para acabar dando a ese territorio algo singular que no tengan los demás, eso no es capaz de explicarlo nadie.

Ni siquiera Pilar Alegría, que ayer tuvo serios problemas para defender los planes de Pedro Sánchez y que se tuvo que acabar refugiando en la demagogia de que el gobierno de Sánchez ha aumentado estos años los ingresos de todas las autonomías.

Y es verdad, sólo faltaría que los hubiera disminuido con el chorreo de dinero que le ha caído con los fondos europeos.

Pero aquí la clave está en si lo que van a ingresar a partir de ahora va a ser justo y va a estar regido por un principio de solidaridad.

Y ahí es donde la portavoz del gobierno no supo contestar, mientras el papelón de Diana Morant fue peor. La ministra de Ciencia estaba al lado (siendo también como es líder de los socialistas valencianos) y no abrió la boca para defender los intereses de su comunidad.

Desde luego, el callejón en el que se está metiendo el PSOE sanchista en el conjunto de España más allá de Cataluña y País Vasco es tan oscuro como el callejón de la investidura en la propia Cataluña.

Investidura en Cataluña

Hoy Salvador Illa se va a reunir con el presidente del parlamento catalán, Josep Rull, para confirmarle que renuncia a presentarse de momento a la investidura.

Y Puigdemont tampoco quiere presentarse, porque lo suyo ahora mismo es, más bien, provocar una repetición electoral. Rull dice que no puede obligar a ningún candidato a presentarse, con lo cual tiene pinta de que van a agotar los plazos, mientras todos ganan tiempo.

El PSOE, para comprar a los separatistas con una financiación privilegiada y ya veremos qué otras prebendas en clave soberanista y Puigdemont para saber qué pasa con lo suyo.

De momento, a través de las autoridades francesas, se ha personado en la causa que el Supremo mantiene abierta contra él por presunto terrorismo y ha pedido al Tribuanl de Cuentas que no pierda el tiempo tratando de juzgarle por malversación porque, según su criterio, la amnistía hay que aplicarla tal cual y como la redactaron los propios golpistas.

Lo que pasa es que el problema de Puigdemont es el mismo de Sánchez: que no está claro que la ley de impunidad judicial se pueda aplicar así tan alegremente.

Si no sólo tienen que ver el descalzaperros que ayer se volvió a vivir en la junta de fiscales, donde el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, volvió a imponer su voluntad por encima del criterio de sus subordinados.

Ha tenido que trufar la Junta de Fiscales de miembros afines (la mitad de la Junta pertenece al colectivo progresista que sólo representa al 10% del oficio) y ha tenido que imponer su capacidad jerárquica y su propio voto más el voto de Dolores Delgado que votó aprovechando que todavía no se ha ejecutado su suspensión con fiscal, para torcer el brazo a los fiscales del Supremo por un pírrico 19 a 17.

Otra vez la junta de fiscales partida por la mitad… Otra vez en evidencia el uso partidista de las instituciones.

Pero García Ortiz ya ha obtenido lo que quería que es nombrar a dos nuevos fiscales que, a diferencia de los fiscales del procés, sí estén a favor de amnistiar todo incluida la malversación (el dinero que los separatistas nos robaron a todos para montar el 1 de Octubre)

Hoy mismo esos dos fiscales, muy bien mandados (entre ellos la mano derecha de García Ortiz) harán llegar un nuevo informe al juez Llarena.

Porque esa es otra: toda guerra estéril de la fiscalia sólo sirve para demostrar hasta qué punto el gobierno está tratando de forzar las cosas por puro interés partidista, pero al final serán los jueces los que tengan que interpretar la ley de impunidad judicial, guste o no.

Hoy, por cierto, o a partir de hoy podría conocerse la decisión del juez Llarena sobre las medidas cautelares de Puigdemont.

Y es que, mientras no se consume el asalto al poder judicial todavía hay tribunales que no coinciden casi al cien por cien con los postulados del gobierno, como sí hace ya, por ejemplo, el Tribunal Constitucional.

Los chicos de Pumpido siguen arrasando con su mayoría de 7 a 4. y ya han validado que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin ni siquiera informar a sus padres de ello.