Barbosa: “PP y PSOE vuelven a hacer eso tan poco estético de repartirse los vocales del CGPJ”

Dicen los mayores y los que saben de dietética que hay que comer de lo que da el tiempo, no? Pues hoy, en lo informativo, lo que da el tiempo so togas y puñetas.

Hoy el día viene muy judicial porque, claro, no todos los días se alcanza un pacto entre PP y PSOE para renovar el poder judicial.

De hecho, las terminales informativas de este país siguen bajo el impacto de haber conocidos que tras más de cinco años de bloqueo los dos principales partidos han llegado a un acuerdo.

Hay que decir que nada más conocerse la noticia, procedente de Bruselas antes de que Félix Bolaños y Esteban González Pons salieran a explicar los detalles del acuerdo, se notó como más euforia en el lado zurdo de la vida que en el lado diestro.

Como si unos y otros dieran por hecho que ese acuerdo, en las circunstancias actuales y con las cosas que se están viendo en el Tribunal Constitucional y la cúpula fiscal, lo que se pueda haber pactado pueda satisfacer más al PSOE que al Partido Popular.

Ya saben, hay un sector de la sociedad española que no quiere ni pensar que la renovación del “órgano de gobierno de los jueces” pudiera venir acompañado de una serie de nombramientos, pastoreados indirectamente por el sanchismo, que sirvieran para colonizar al Tribunal Supremo, como ya ha pasado con el Constitucional que se ha metido ya, descaradamente, a tribunal de casación para enmendar la plana a los verdaderos tribunales que representan el poder judicial, borrando nada menos que el grueso de la sentencia de los ERE de Andalucía.

Bueno, pues de entrada la escenificación del acuerdo fue cuando menos curiosa: hemos tenido que ir a Bruselas, como si fuera territorio neutral, y tener a la comisaria europea V?ra Jourová haciendo de casco azul para alumbrar el pacto.

Y han tenido que sentarse en una mesa Bolaños y González Pons para firmar el acuerdo cada uno con su banderita de España y otra de la Unión Europea escenificando como nunca lo de las dos Españas. Las dos Españas de Machado que, durante cinco años, han helado el corazón del poder judicial.

La verdad es que el episodio en sí y la escenografía lo miremos como lo miremos no ha sido lo mejor para la imagen de España en el exterior. Eso hay que reconocerlo.

Y luego el firmante socialista y el firmante popular en un gesto que no entendieron los periodistas comparecieron por separado, para evitar entrar en discusiones con las preguntas cruzadas de los periodistas.

Pero en todo caso, lo que se vendió por ambas partes fue que estamos ante una gran noticia que garantiza a partir de ahora una despolitización en la elección de los jueces.

Es lo que ha querido recalcar el negociador del PP en todo este asunto Esteban González Pons además de blandir ante el mundo entero que, en ese acuerdo, está incluida la garantía de la Unión Europea.

Como diciendo que si el PSOE no cumple o hace algo raro, a partir de ahora (cosa que con Sánchez no se puede descartar) que entonces ya se las tendrá que ver directamente con Bruselas.

El acuerdo: ¿en qué consiste?

Bueno, y ese acuerdo que tanto ha costado parir y que finalmente ha convencido al Partido Popular, para firmarlo incluso en un momento tan convulso como éste, ¿en qué consiste?

Pues, básicamente, PP y PSOE han acordado renovar el CGPJ y que luego ese nuevo órgano de gobierno de los jueces (que debería estar en marcha en julio) se ponga a trabajar para reformar el sistema. Para que, en el plazo de seis meses, ese nuevo Consejo que va a nacer ahora lleve a las Cortes un proyecto para que los “jueces participen directamente” en la elección de sus representantes en el poder judicial.

Es decir, PP y PSOE han vuelto a hacer aquello tan poco estético de que los dos principales partidos políticos (al margen de las Cortes) se repartan los vocales del Consejo General, para que, en teoría, a partir de ahora podamos tener un nuevo sistema más asesado, en el que los jueces tengan “participación directa” en la elección de los 12 vocales de procedencia judicial en próximas renovaciones.

Y algunos dirán… “Uffff, primero va la renovación del consejo general y luego ya Dios dirá qué sale de esa reforma de la elección del sistema que tendrá que pasar a manos del Congreso, donde el Frankestein, si se pone de acuerdo, tiene mayoría”.

Es decir, hay un momento crítico de la operación en el que la cosa va a depender de la buena voluntad de Sánchez.

Bueno, pues en el PP insisten en que no hay que ponerse en lo peor primero, porque han consensuado con el PSOE que ese primer paso que se va a dar la renovación inmediata del Consejo General va muy atado.

Reparto "a lo Juan Palomo"

Tanto que, como decimos, PSOE y PP se han olvidado de las formas insistucionales y ellos mismos han diseñado una lista conjunta en la que se reparten, a lo Juan Palomo, los 20 vocales (10 y 10).

De los 20 vocales, 16 vienen de la carrera judicial o fiscal y luego el resto son letrados y un expresidente de Consejo Jurídico Autonómico.

Esos 20 vocales, por cierto, van a tener la potestad de proponer al nuevo presidente del Tribunal Supremo.

Que PSOE y PP se hayan repartido los 20 vocales a razón de 10 y 10 es lo que tiene trinando a los socios de Sánchez (porque dicen que vuelve el bipartidismo y que el nuevo socio de Sánchez es el PP, y tal y cual) y también tiene echando fuego por las muelas a VOX, porque creen que el PP ha consumado el reparto del poder judicial con este Sánchez y este PSOE.

El caso es que el PP vende las bondades de ese nuevo Consejo General del Poder Judicial porque, además de conseguir que los vocales estén equilibrados van a meter una cláusula, según la cual, cualquier decisión que tome ese Consejo supuestamente equilibrado tendrá que ser por una mayoría reforzada de tresa quintos.

Con eso, Alberto Núñez Feijóo cree que se acaba el peligro inmediato de que llegue un nuevo Consejo General que se ponga a renovar las vacantes del Supremo a la sanchista manera.

Una vez en marcha ese Consejo General del Poder Judicial, supuestamente equilibrado (sin políticos ni expolíticos en las listas) y supuestamente obligado a tomar todas sus decisiones de forma consensuada ¿qué pasa?

Pues que ese consejo tiene esos seis meses para hacer lo que el PP exigía por encima de todas las cosas: reformar la manera de elegir a los jueces, para que esté menos politizada.

En 6 meses, se le pide al nuevo Consejo que, por consenso, remita un proyecto a las Cortes para que los jueces “participen directamente”, insistimos en ese entrecomillado, en la elección de sus representantes en el poder judicial.

Y aquí es donde vienen las primera dudas porque el PP habla de que en los Consejos Generales del Poder Judicial que surjan en el futuro de esa reforma que presentará el nuevo Consejo que va a nacer ahora, los jueces tendrán más poder para elegir a una parte de los vocales que, desde el Consejo, nombran a los jueces para los diferentes tribunales.

Y Félix Bolaños no quiso entrar mucho en esta cuestión, pero Patxi López, a los pocos minutos de conocerse el acuerdo, ya estaba diciendo que eso no va a ser exactamente como dice el PP.

Pues ya tenemos ahí la primera incógnita que nos deja este acuerdo ¿la reforma que impulsará el nuevo Consejo General que van alumbrar PSOE-PP dará más poder a los jueces en la elección de los jueces o, a la hora de la verdad, será más o menos como hasta ahora?

Pues habrá que ver si el PSOE cumple los términos del acuerdo en el trámite parlamentario o empieza a meter cambios con sus socios habituales.

Hombre, lo que sí parece más tangible es que el sistema va a estar un poco más aireado y que las formas van a ser un poco más higiénicas porque el acuerdo también incluye lo que han querido llamarrequisitos de despolitización.

Requisitos que, ya de entrada, van a cumplir los vocales del nuevo consejo.

Entre ellas, evitar las pasarelas obscenas entre la política y la judicatura y política obligando a que pasen dos años para que alguien que haya estado en política pueda pasar a la judicatura.

Además, el Fiscal General del Estado no podrá actuar en los casos que le afecten personalmente (pensando en no repetir un esperpento como el de García Ortiz) y no podrá ser Fiscal General quien no lleve 5 años fuera de la política. Es decir, una cláusula anti Dolores Delgado.

Es verdad, es verdad, que el PP le arranca al PSOE, con la Unión Europea como testigo, una serie de exigencias que vienen a confirmar que algunas de las prácticas del actual gobierno olían absolutamente a podrido.

Es un pacto que trata de evitar que haya en España más casos como el de García Ortiz y Dolores Delgado.

Pero nos queda la sensación de que, primero España ha dado una cierta sensación de Estado disfuncional que tiene que acudir a Bruselas para que le ayuden a salir de sus propios laberintos y que vamos a ver en el trámite parlamentario si realmente sale una reforma del sistema que dé una verdadera independencia al órgano de gobierno de los jueces.. para que los jueces elegidos a partir de ahora estén ahí por sus méritos y no por sus simpatías ideológicas.

Patxi López ya ha puesto en solfa esa ecuación y, como dijeron ayer desde Sumar, "en los detalles suele estar el demonio”.

Pero lo que pasó ayer en Bruselas es lo que tenía que pasar: al PP le costaba muchísimo seguir en esa situación de bloqueo, porque las presiones eran enormes y no sólo desde el PSOE (también desde Bruselas y los propios jueces) y a Sánchez no se le podía ocurrir un asalto al poder judicial por las bravas porque eso le podía poner en la picota ante la Unión Europea.

Y bien pensado, el grueso de las maldades, el PSOE ya las tiene encarriladas. Primero porque la revisión de la sentencia de los ERE demuestra que, ahora mismo y para un tiempo largo, cuenta con un Constitucional que le va a poder enmendar la plana al Supremo cada vez que lo considere oportuno.

Con todas sus leyes ideológicas blindadasy con la ley de amnistía ya aprobada.

"Ya tenemos a los primeros 20 amnistiados"

Queda que se aplique esa amnistía y es verdad que ese sigue siendo el talón de Aquiles de este Gobierno: lo que pueda pasar en Cataluña.

Pero, de momento, ya tenemos a los primeros 20 amnistiados. Entre ellos, el antiguo consejero de Interior, Miquel Buch y el Mosso d’Escuadra que se fue a hacerle de escolta a Puigdemont en su fuga de la justicia española. Uno fue condenado por hacer una tarea ilegal (cobrando 52 mil euros de dinero público) y el otro por, como consejero de Interior, permitirlo.

Cuatro años y medio de cárcel le habían caído a Buch, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha sido el primero en no ver motivos en este caso concreto para demorar la aplicación de la amnistía.

Queda Llarena en el Supremo, con el dilema de qué hacer con el delito de malversacióno queda el Tribunal de Cuentas que está pendiente de lo que le diga la justicia europea o queda el dilema de la acusación de terrorismo.

Y, por supuesto, queda saber si la política catalana implosiona o no implosiona Si lo hiciera y hubiese repetición electoral en octubre, porque Moncloa no fuera capaz de cuadrar el sudoku Illa-Puigdemont- Generalitat-Moncloa estaríamos hablando de otro escenario.

Pero de momento hoy se pone en marcha el reloj para una posible repetición electoral..