Herraiz, sobre la citación de Sánchez: "Un juez tiene derecho a investigar a quien quiera"

Muy buenos días. Desde las seis te viene acompañando 'Herrera en COPE'.

Te saluda Antonio Herraiz y si tienes deberes que hacer al aire libre, cuanto antes, mejor. Que viene arreando ya el calor y se va a notar de forma intensa en buena de España, con máximas de 44 grados en Badajoz y Córdoba.

Hoy hay una foto que retrata bien no sólo cómo le fue al Gobierno en la jornada en la que pretendía celebrar el primer aniversario de las elecciones generales del 23 de julio. Es una imagen que refleja a la perfección la realidad de la legislatura, con un Ejecutivo siempre en la cuerda floja, con una extrema debilidad parlamentaria y sometido al chantaje permanente de Junts, del partido de Puigdemont.

La protagonista es la vicepresidenta María Jesús Montero, sentada en su escaño, junto a la butaca vacía de Pedro Sánchez. Esto no es nuevo. Cuando hay un debate en el que el gobierno no tiene amarrados el 100% los apoyos, cuando sabe que va a perder la votación, el presidente prefiere no pasar el mal trago, abandona a los suyos y solo pisa el hemiciclo para votar.

Hay que decir que el día no empezó mal del todo para Sánchez. Se despertó y su jefe de comunicación le dijo: “Presidente, sin demora hay que empezar el día celebrando el primer aniversario del 23 de julio.

Y acudieron a las redes sociales con un mensaje del todo previsible. “Hoy, hace un año, España frenó a la ultraderecha”. Esto por la mañana. Después se toparon con la realidad. La amenaza de este Gobierno no es la ultraderecha, son sus propios socios, con protagonismo especial durante este año para Junts, el partido de Puigdemont.

Lo primero que hizo Junts fue rechazar los objetivos de déficit del Gobierno. La primera, en la frente. Es verdad que el Ejecutivo puede volverlo a someterlo a votación, pero esto lo que hace es frenar la tramitación de los presupuestos en un nuevo sonado revés al Gobierno. Las últimas cuentas que se aprobaron en España fueron las de 2023, en una anormalidad que por mucho que te repitan no ofrece ninguna estabilidad.

Esto no lo vieron venir en el PSOE, porque pensaban que Junts iba a apoyar la senda de déficit, que, como te digo, es el primer paso para la aprobación de los presupuestos. ¿Qué cambió a última hora? Que los de Puigdemont saben que son imprescindibles y que tienen cogido a Sánchez como rehén, que es lo mismo que tener como rehenes a todos los españoles.

Y el presidente va a estar hoy en Barcelona, se va a reunir con Pere Aragonés, en principio, para firmar el traspaso de las competencias del ingreso mínimo vital. Pero esto no es lo esencial. O lo trascendental. La clave de este encuentro está en las negociaciones con Esquerra para convertir al socialista Salvador Illa en presidente de la Generalitat.

El mensaje, por tanto, de los de Junts, que en esto no se esconden, que suelen ser bastante transparentes, es muy claro: Sánchez, cuidado con lo que juegas y con quién juegas. Si consigues que Illa sea presidente con el apoyo de mi archienemigo Esquerra, atente a las consecuencias y te haremos irrespirable la legislatura en España.

Y aquí es bueno recordar lo que dijo el fontanero del PSOE Santos Cerdán cuando entregó la amnistía a Puigdemont en aquellas reuniones vergonzantes en Suiza.

Pues para ser un acuerdo de legislatura, el chantaje permanente de Junts se le está haciendo bola al Gobierno. Los separatistas ya le tumbaron los presupuestos de 2024, amenazan con hacer lo propio con los de 2025, tras un primer aviso con lo de la senda de déficit. Y antes impidieron al Ejecutivo sacar adelante la ley del suelo, la de prostitución y la amnistía en un primer envite.

¿Qué fue lo último en esa jornada de aniversario que Sánchez pretendía que fuera triunfal y que terminó en una especie de funeral?

La votación del proyecto de la ley de extranjería. De lo que se trataba era de su mera admisión a trámite. Pero ni por esas Sánchez consiguió el apoyo de sus socios.

Como Junts se niega a que Cataluña entre en el reparto forzoso de los menores no acompañados, el Gobierno pretendía que el PP le salvara del trámite. ¿Su principal argumento? O nos apoyáis o sois unos racistas. Y es todo mucho más complejo que una simplificación propia de alguien que ha hecho dejación de funciones en un asunto prioritario. Y se quedó compuesto y sin su novia de Junts.

Y ese nuevo chantaje de Junts llegó mientras sobrevolaban en el Congreso los líos judiciales de la mujer del presidente, la propia citación de Sánchez y la imputación de su hermano, también por un presunto delito de corrupción.

Los últimos movimientos del caso Begoña van encaminados a tumbar la citación que el juez Peinado ha dirigido al presidente del Gobierno. Para ello, Pedro Sánchez ha recurrido a todos los elementos que controla. Y por muy lego que seas en cuestiones relacionadas con la Justicia, por muy desconocedor de los procedimientos, aquí la respuesta es sencilla. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues ya está. La Fiscalía no podía defraudar en un asunto que acorrala a Sánchez y ha presentado un recurso para que el juez Peinado no vaya a Moncloa a interrogar al presidente por los negocios de su mujer.

Este es el primer organismo que ha utilizado Sánchez, ya no solo para ver si se libra de dar explicaciones, sino para evitar que un juez instructor entre en la sede del Gobierno a tomar declaración como testigo al jefe del Ejecutivo. No quieren que ese momentazo para la historia tenga lugar bajo ningún concepto. Y luego la segunda herramienta a la que ha recurrido Pedro Sánchez para redondear la maniobra también la tenía fácil. Es la defensa de su mujer, que está representada por el abogado Antonio Camacho, exministro socialista con Zapatero.

Son dos recursos que, en realidad es uno solo, porque el contenido es muy similar. Le dicen al juez que esa citación del presidente carece de fundamento… que no existe el más mínimo indicio… que no es útil… que es una diligencia innecesaria para los fines de la investigación… términos muy parecidos con los que le exigen al juez Peinado que deje la citación sin efecto.

Es Antonio Camacho, el letrado de Begoña Gómez, que, al igual que la Fiscalía… han presentado sus alegaciones contra el juez Juan Carlos Peinado. Es el trámite pertinente antes de elevar ese recurso a la propia Audiencia Provincial de Madrid, que es la que tendrá que decidir si respalda al juez o corrige esa diligencia.

¿Estas alegaciones paralizan la citación de Pedro Sánchez? ¿Evitan que el juez pueda acudir a Moncloa a tomarle declaración como testigo? La respuesta es que no. Hasta que no se resuelvan los recursos todo sigue vigente, y aquí el plazo corre en contra de la defensa de Begoña Gómez y de la Fiscalía porque estamos a menos de una semana para que Juan Carlos Peinado pregunte al presidente, momento previsto para el 30 julio.

Esta es la situación ahora mismo. El resto lo quieren llevar al ámbito político. Ni Begoña Gómez, ni Pedro Sánchez, ni el PSOE han dado ni una sola explicación sobre los asuntos que investiga el juez. No han aclarado nada sobre el máster de Begoña Gómez en la Complutense, tampoco sobre las relaciones con el empresario que impulsó ese máster, el imputado Carlos Barrabés. No han explicado ni media sobre los encuentros en Moncloa, con presencia de Sánchez y ese mismo empresario recomendado por Begoña Gómez en dos cartas y que luego recibió millonarias adjudicaciones públicas…

Por eso no estaría de más dejar al juez que haga su trabajo. Que determine la responsabilidad penal del presidente del Gobierno. Y que las responsabilidades políticas se depuren en otro espacio, por mucho que las quieran evitar en el PSOE. En esta fase de la instrucción pueden caber dudas jurídicas sobre si hay delito o no.

De lo que no hay dudas es que se ha incurrido en un conflicto de intereses difícil de justificar. Y para minimizar los hechos, que no son falsos, que no son un bulo, independientemente de que sean delito o no, en Moncloa siguen cargando sin piedad contra el juez. Y no dudan en utilizar la tribuna que ofrece la sede del Gobierno después de una reunión del Consejo de Ministros como ayer volvió a hacer, para cargar contra el juez, la portavoz Pilar Alegría.

Pues no. Es una causa judicial, en la que un juez tiene derecho a investigar a quien quiera, se llamen Begoña o Pedro, que de forma paralela tiene consecuencias políticas, o debería haberlas tenido hace tiempo, aunque el presidente no las quiera asumir. Hasta ahora, ninguna explicación.